La sanción para quienes bloqueen las carreteras para expresar sus protestas será más rígida. De acuerdo a lo anunciado por el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, se puede imponer hasta 15 años de cárcel para estas personas que serán procesadas por afectar vías terrestres e infraestructura crítica (por ejemplo: torres de energía eléctrica, propiedad estatal, etc.).
Con estas medidas, el Gobierno busca imponer mano firme contra quienes afectan los servicios estatales y el derecho de los demás peruanos a trasladarse por las vías estatales.
Recordemos que se trata de uno de los medios más utilizados cuando de protestas se trata porque daña a todo el sistema, incluso se notificaron muertes de pacientes enfermos que no pudieron ser atendidos en hospitales o por sofocamientos que no resisten su enfermedad crónica.
Lamentablemente, muchas de las protestas no tienen en cuenta el derecho de los demás a trabajar. Aunque ya existen penas que alcanzaban los diez años de cárcel, esto no era suficiente, pues los bloqueos seguían dándose y dañaban los principales servicios en la sociedad.
El nivel de terror que despertaban personas inescrupulosas disfrazadas de manifestantes era significativo. Recordemos que en muchas protestas se dieron denuncias de cobros de cupos por dejar pasar a los transportistas. Además, se llegaba a la agresión contra quienes decidían no acatar la medida. La Policía no se daba abasto y muchos efectivos terminaban heridos durante los enfrentamientos para recuperar el orden.
Ahora esperamos que nuestras autoridades pongan mano firme para que la norma sea respetada. Es cierto, todos tenemos el derecho legítimo a la protesta; sin embargo, debemos recordar que estos derechos acaban donde comienzan los de los demás. Nuestra sociedad también necesita avanzar y que el aparato productivo no se detenga, menos por el bloqueo de vías de comunicación.
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