A ocho días de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ordenara la reposición de Patricia Benavides como fiscal de la nación, el Ministerio Público continúa sumido en una crisis de gobernabilidad. La resolución, que anuló su destitución y dispuso su reincorporación inmediata, ha generado una pugna interna que mantiene paralizadas decisiones clave y ha profundizado la desconfianza ciudadana en la institución.
La actual fiscal de la nación, Delia Espinoza, se mantiene en el cargo, mientras sectores del Congreso y del propio Ministerio Público cuestionan la legalidad de la restitución. Algunos juristas sostienen que la JNJ solo puede reponer a Benavides como fiscal suprema, pero no imponerla como titular del Ministerio Público, cargo que debe ser elegido por la Junta de Fiscales Supremos. Esta ambigüedad ha dado pie a interpretaciones enfrentadas y a una creciente tensión entre los órganos del sistema de justicia.
En paralelo, se han presentado denuncias constitucionales contra los miembros de la JNJ por presunta intromisión en funciones exclusivas del Ministerio Público, lo que ha encendido aún más el debate político. Mientras tanto, Benavides insiste en que su restitución es válida y exige retomar el cargo, mientras su defensa denuncia una campaña de persecución en su contra.
La falta de una salida institucional clara ha dejado al Ministerio Público en un limbo operativo. La ciudadanía observa con preocupación cómo se debilita una de las principales entidades encargadas de la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. La urgencia de una solución legal y política se vuelve cada día más apremiante, mientras la incertidumbre erosiona la legitimidad del sistema de justicia.