La gestión de Víctor Hugo Rivera en la Municipalidad Provincial de Arequipa deja una herencia difícil de justificar: la compra de 17 vehículos por más de 3 millones y medio de soles, realizada a pocos días de culminar su mandato. El caso no sería tan polémico si no fuera por la adquisición de una camioneta destinada exclusivamente a la alcaldía, pese a que ya existía una unidad en buen estado. Este detalle, aparentemente menor, revela una forma de gobernar marcada por la discrecionalidad y el privilegio personal antes que por la necesidad institucional.

La licitación convocada en diciembre de 2025 contemplaba 24 unidades, pero finalmente se adquirieron solo 17, sin explicación clara sobre la reducción. El proveedor, Chalsa Corporation S.A.C., fue el único postor y terminó beneficiado con un contrato millonario. La falta de competencia y la modificación del requerimiento inicial generan dudas legítimas sobre la transparencia del proceso. Más aún, cuando se observa que áreas críticas de la municipalidad continúan operando con vehículos obsoletos, mientras se priorizó camionetas de alta gama.

La actual alcaldesa, Ruccy Oscco, ha decidido no utilizar la camioneta destinada a su despacho y reasignarla a Seguridad Ciudadana, un gesto que contrasta con la lógica de Rivera y evidencia que la compra no respondía a las urgencias de la ciudad. Arequipa necesita patrullaje, movilidad para obras y servicios básicos, no camionetas de lujo para la comodidad de un alcalde.

Este episodio debe ser leído como una advertencia: cuando los recursos públicos se manejan con discrecionalidad y sin rendición de cuentas, se abre la puerta a la corrupción. Rivera no solo dejó una comuna debilitada en gestión, sino también un legado de decisiones que ponen en entredicho su ética y su compromiso con la ciudad. La ciudadanía merece autoridades que prioricen el bien común y no el confort personal.