La anunciada entrega de bonos para enfrentar los efectos del fenómeno El Niño constituye una medida necesaria frente a la amenaza que representa este evento climático. Sin embargo, tan importante como la rapidez en la distribución de los recursos es garantizar que estos lleguen a las familias que realmente se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Las experiencias de emergencias anteriores han demostrado que la falta de una adecuada focalización puede generar exclusiones injustas y, al mismo tiempo, beneficiar a personas que no enfrentan condiciones de riesgo. Por ello, las autoridades deben reforzar los mecanismos de identificación y supervisión para asegurar una asignación transparente y eficiente de la ayuda estatal.

La preocupación se incrementa ante los pronósticos y advertencias de especialistas que incluso ya califican este fenómeno como un posible “meganiño”, debido a la magnitud de los efectos que podría ocasionar. Inundaciones, pérdidas agrícolas, daños en viviendas y afectación de servicios básicos son algunos de los impactos que podrían golpear con mayor dureza a miles de familias.

Frente a este escenario, el Estado debe complementar los bonos con un acompañamiento permanente que incluya prevención, asistencia técnica y apoyo social. La emergencia exige una respuesta integral en la que los recursos económicos lleguen a quienes más los necesitan y en la que ninguna comunidad vulnerable quede abandonada ante los estragos de esta amenaza climática.