En el actual proceso electoral, se observa con preocupación que algunas autoridades en funciones, ahora convertidas en candidatas, no están diferenciando claramente su rol institucional de su participación política. Esta confusión se refleja en actos públicos donde se mezclan discursos de gestión con mensajes proselitistas, generando dudas sobre el uso adecuado de los recursos estatales. La ciudadanía debe reconocer que esta práctica erosiona la confianza en las instituciones y afecta la equidad de la competencia electoral.

El problema radica en que el acceso a bienes y servicios públicos otorga a estas autoridades una ventaja indebida frente a otros candidatos. Cuando se utilizan vehículos oficiales, personal de apoyo o presupuestos institucionales para actividades de campaña, se vulnera el principio de neutralidad que debe regir en toda contienda democrática. Este comportamiento no solo es cuestionable desde el punto de vista ético, sino que también puede constituir una infracción legal.

La historia política reciente muestra que estas prácticas han sido recurrentes y, en muchos casos, han derivado en sanciones administrativas o investigaciones judiciales. Sin embargo, la persistencia de estas conductas evidencia la necesidad de mayor vigilancia ciudadana y de un rol más activo de los organismos de control. 

Por ello, se hace un llamado a la ciudadanía a mantenerse atenta y crítica frente a estos despliegues. El voto no debe recaer en quienes confunden sus responsabilidades institucionales con intereses personales de campaña. Solo así se podrá fortalecer la democracia y evitar que el poder público sea utilizado como herramienta electoral. La vigilancia ciudadana es la mejor defensa contra el abuso de recursos y la manipulación política.