En medio de una creciente ola de inseguridad, inestabilidad política y serios cuestionamientos éticos contra la presidenta Dina Boluarte, el reciente informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que recomienda aumentar su salario en un 125 % resulta, como mínimo, provocador. El país atraviesa una de sus etapas más críticas en términos de legitimidad del poder Ejecutivo, y sin embargo, se propone duplicar la remuneración mensual de quien enfrenta denuncias y una desaprobación generalizada. ¿Qué mensaje se le está enviando a la ciudadanía en un momento tan delicado?
El argumento oficial para justificar esta medida —que Boluarte percibe menos ingresos que otros mandatarios de la región— no solo resulta extemporáneo, sino insensible. En un país donde miles de trabajadores públicos apenas logran cubrir sus necesidades básicas y el sueldo mínimo apenas alcanza los S/1025, hablar de más de S/ 35 mil mensuales para la jefa de Estado no es un reajuste, sino una afrenta. Más aún cuando la ciudadanía exige transparencia, austeridad y empatía de sus líderes.
Las reacciones del Congreso han sido polarizadas, como era de esperarse. Mientras algunos legisladores apelan a la importancia simbólica e institucional del cargo presidencial, otros —con razón— critican el momento político elegido para plantear esta propuesta. En tiempos donde el Ejecutivo ha perdido credibilidad y la población demanda respuestas ante casos como la masacre de Pataz, este tipo de anuncios pueden interpretarse como una cortina de humo o una desconexión total de la realidad nacional.
La ciudadanía no rechaza el debate sobre sueldos dignos en el sector público; rechaza la incongruencia. Hablar de equidad salarial mientras se multiplican las brechas sociales y se ignoran tragedias humanas no solo revela un problema de prioridades, sino también de ética pública. Si la presidenta y su entorno desean recuperar algo de legitimidad, deberían empezar por demostrar que entienden lo que está en juego: la confianza de un país profundamente herido.