Lo revelado por el alcalde distrital de Bella Unión (provincia de Caravelí), Richard Vega, es preocupante. Transcurridos cinco días del sismo de magnitud 7 en la vecina Yauca, no llega la ayuda a la zona afectada por el evento natural. Ello resulta lamentable pues sabemos que se registraron daños de diferente índole en los distritos cercanos al epicentro del movimiento telúrico.
En estos lugares, viven pobladores con muchas necesidades, no cuentan con agua potable y ni siquiera el líquido elemento les abastece las 24 horas. A esto debemos agregar los problemas derivados de la minería ilegal y la indiferencia de las autoridades por la lejanía con la provincia capital. Si a este panorama le sumamos el abandono de los gobernantes ante una circunstancia tan difícil como la ocurrencia de un movimiento sísmico, tendremos a una localidad en extremo peligro de agravar su crisis.
Se puede entender que, por la lejanía de Caravelí y el mal estado de algunas vías, la ayuda inmediata pueda tardar algunas horas. Lo que no se puede admitir es que ese período se alargue tanto que obligue al reclamo de las autoridades locales prácticamente suplicando ayuda y mostrando su indignación.
La magnitud de los daños es algo secundario junto al hecho que Gobierno central y regional deben mostrar una constante preocupación por la situación de todos los ciudadanos. Al parecer, el despliegue realizado en las horas posteriores al movimiento telúrico no ha sido suficiente en efectividad y alcance.
El pedido va dirigido a todos, se requiere mayor y mejor despliegue para enfrentar los desastres naturales. La población de la zona afectada por el sismo necesita atención para evitar que su situación se agrave y se hunda en la crisis.
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