Aunque esta vez no fue la Fiscalía sino el Poder Judicial, la justicia fue azotada por una decisión de la jueza Jenny Arias Pérez. La magistrada debe tener fortísimas razones legales para dejar libre a un presunto violador de una adolescente en Hunter, pero parte de la ciudadanía y sobre todo los familiares sienten que lo único real es que se ignoró la evidencia y que los padres de la víctima encontraron al acusado de ultraje en su propia casa, el inculpado dijo que era culpable, pero igual no hay suficientes indicios para encarcelarlo.
Sin querer discutir en lo mínimo el plano legal de una experimentada jueza, esa decisión causa un grave daño, se necesita la respuesta a una pregunta que los parientes ayer gritaron en una protesta: ¿Quién devolverá a la normalidad a la menor que fue cruelmente violada por un extraño? Nadie. Ella tendrá en sus recuedos cada palabra, gesto y humillación a la que fue sometida cuando fue agredida. Cuando lea las noticias sentirá que la justicia se aleja de las víctimas de ataques sexuales y hay impunidad.
Hay críticas del por qué dejó que un extraño ingrese a su hogar, pero así fuera nada justifica tan vil acto.
Para que la pesadilla de la violencia contra las mujeres pare, primero los agentes del orden deben tener un sistema que permita que los agresores sean prendidos y no que los abusivos sean liberados.
En esta ocasión ocurrió en el órgano más importante, aquel que no se equivoca y tiene intelectuales impartiendo justicia. Es decir, el Poder Judicial, pero una vez más decepcionan.
Pero, todos los días, la impunidad existe desde el momento que no le creen a la víctima, muchas veces son las personas del entorno que no le creen, luego el incrédulo es el policía o el fiscal. Es momento de decir. ¡Ya basta!
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