La declaratoria de emergencia para 81 distritos de Arequipa ante el peligro por intensas precipitaciones debería encender todas las alarmas. No estamos ante una amenaza desconocida: la región acaba de sufrir huaicos, derrumbes y bloqueos de carreteras que dejaron cientos de personas varadas y demostraron lo vulnerable que sigue siendo nuestro territorio.

El problema es que declarar una emergencia no significa automáticamente tener recursos para enfrentarla. Mientras el Gobierno anuncia 60 días de emergencia, autoridades como el alcalde de Yanahuara advierten que necesitan más de S/11 millones para atender una crisis de nivel 3. Si el dinero no llega, ¿qué sentido tiene reconocer oficialmente el peligro cuando los municipios continúan esperando respuestas?

El antecedente de agosto debería ser suficiente para actuar. Ocoña y Atico ya conocen las consecuencias de los huaicos y derrumbes, mientras decenas de distritos esperan medidas concretas para evitar una tragedia mayor. La naturaleza no espera trámites, expedientes ni cambios de autoridades; cuando llega el agua, encuentra exactamente las debilidades que durante años no quisimos corregir.

Y mientras en el mundo se advierte sobre escenarios climáticos cada vez más extremos y se habla incluso de un posible «superniño», Arequipa no puede limitarse a reaccionar después del desastre. Necesitamos mapas de riesgo actualizados, limpieza de torrenteras, infraestructura de protección, sistemas de alerta y coordinación real entre municipios, Gobierno Regional y Ejecutivo. La prevención cuesta dinero, pero la improvisación puede costar vidas.

El mensaje para las autoridades debería ser claro: no esperen otra gran lluvia para descubrir que las quebradas están ocupadas, las torrenteras obstruidas, las carreteras vulnerables y los presupuestos sin ejecutar. La emergencia ya está declarada. Ahora falta lo más importante: prevenir y capacidad de respuesta. Arequipa no necesita otra tragedia para recordar que pudo evitarse.