Un sector del gobierno ha optado por una suerte de ingenuo triunfalismo ante la claudicación del Ministerio de Educación a las exigencias del SUTEP para desistir del paro escalonado. No hay sentido en ello, pues el malestar de la ciudadanía es creciente en diversos sectores. Es evidentemente un tema de seguridad, pero también respecto a los problemas económicos que la delincuencia viene causando. Recientes encuestas, como la de DATUM, dan cuenta que no se confía en el accionar del gobierno, del Congreso ni en las entidades del sistema de justicia. Tampoco se puede hablar de una desconfianza en “los planes” del gobierno, pues simplemente no los hay. Reacciones impulsivas y más mediáticas que efectivas no constituyen un plan de acción. Tampoco lo es repetir y repetir medidas que ya se ha demostrado que no funcionan. El gobierno de Dina Boluarte, que le mintió al país, hace mas´de un año diciendo que existía un Plan Boluarte (para satisfacer el reclamo de replicar el plan Bukele) no tiene absolutamente nada que mostrar. Inclusive un funcionario, Juan José Santivañez, a cargo del Ministerio del Interior, contribuye a la confusión general cuando con gran desparpajo dice que el sicariato ha disminuido en “casi” 72% para luego corregirse diciendo que solo era 7.2 y que en los últimos días, ante sucesivos errores o acciones malintencionadas, opta por el estruendoso silencio.
Lo cierto es que la ciudadanía ya se cansó. No se trata tan solo de una delincuencia que esté asolando a los negocios y por tanto a la economía del país. También mata, extorsiona, agrede, secuestra, amenaza, todo con impunidad. En la mayoría de distritos del país se ha instalado el terror delincuencial y la desmoralizada policía, que tiene en la jefatura política a un inepto como Juan José Santivañez, no sabe cómo combatirla. Una visión objetiva de la realidad nos dirá que la situación está cada vez peor y peor. Se debe entender que se requieren medidas radicales que el gobierno se niega a ver.
¿Cuál sería esta medida radical? Un cambio de gabinete. El señor Gustavo Adrianzén no es la persona que el Perú requiere en estos momentos. No tiene liderazgo ni credibilidad, mucho menos autoridad. 4% de aceptación popular lo deslegitima como premier. Lo mismo sucede con el pintoresco y dañino Juan José Santivañez, que hasta ahora se me hace difícil creer que pueda haber sido ministro. El cambio radical se hace imprescindible pues un gobierno con los actuales niveles de aprobación (5%) no tiene legitimidad ni genera confianza en la población como para poder impulsar cambios. La presidenta Boluarte debe entender esa necesidad. De lo contrario, será la única responsable de la caída libre en que se verá inmerso su gobierno.
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