La salida de Juan José Santiváñez del Ministerio de Justicia volvió a encender el debate en torno a la situación de inestabilidad en el Consejo de Ministros. En menos de un año, varios ministerios clave han visto desfilar titulares con breves gestiones. Esta alta rotación no solo debilita la continuidad de políticas públicas, sino que también erosiona la confianza ciudadana en la capacidad del Ejecutivo para sostener un rumbo claro.
Con las elecciones generales de 2026 en el horizonte, los rumores sobre posibles candidaturas de varios ministros han cobrado fuerza. Esta situación plantea un dilema ético: ¿puede un funcionario público ejercer con imparcialidad cuando sus decisiones podrían estar guiadas por intereses electorales? La tentación de utilizar el cargo como plataforma política es alta, y el país corre el riesgo de que las prioridades gubernamentales se desplacen hacia el marketing personal en lugar de la gestión eficiente.
El impacto de esta dinámica se refleja en la parálisis de proyectos, la improvisación en políticas públicas y la falta de coordinación entre sectores. Cada cambio ministerial implica una curva de aprendizaje, reestructuración de equipos y ajustes en planes que, en muchos casos, nunca llegan a consolidarse. Esta inestabilidad no solo afecta la ejecución presupuestal, sino que también debilita la imagen internacional del país como socio confiable.
Es momento de cuestionar si el Estado está siendo gobernado por servidores públicos o por aspirantes electorales. La ciudadanía merece ministros comprometidos con el país, no con sus ambiciones personales. En tiempos de crisis y polarización, la ética en el ejercicio del poder se vuelve más urgente que nunca. La política debe volver a mirar al país como fin, no como trampolín.
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