Durante esta semana nuevamente se volvió a tocar el tema de la declaratoria de emergencia de Arequipa por el avance de la inseguridad, tras el nuevo caso de sicariato que se presentó en Mariano Melgar el último sábado 02 de marzo a metros de la plaza Umachiri.
Escuché opiniones a favor y en contra, un sin fin de argumentos, todos respetables, por supuesto. Como que las declaratorias no han servido nada, tomando como antecedentes lo ocurrido en Lima y otras ciudades del norte del país.
Además de que esto ahuyenta las inversiones y a los turistas extranjeros. O el hecho de que los alcaldes solicitan más dinero ya que se simplificarán algunos procedimientos administrativos (Pese a que alcaldes como el provincial, Víctor Hugo Rivera y de Yanahuara, Sergio Bolliguer han negado ello).
También escuché voces a favor por el hecho de que se necesita a personal de las Fuerzas Armadas en las calles o el hecho de tomar medidas urgentes si no queremos convertirnos en la capital del crimen organizado a nivel del sur del país.
Pero algo que llamó poderosamente mi atención, es lo que dijo el coordinador provincial de las Juntas Vecinales, José Maynas, al asegurar que el 50% de responsabilidad del avance de la inseguridad es de la ciudadanía. Por supuesto que la cifra es irreal, aunque claro es una percepción de la persona. Sin embargo, entre los argumentos dijo que la ciudadanía no denuncia los hechos delincuenciales, y es cierto porque existe desidia en la policía para atender las denuncias de la población. Eso lo sabemos todos.
Pero el argumento que más me hizo pensar es el hecho de que la ciudadanía alquila sus viviendas sin siquiera corroborar si las personas que viven en el lugar son probas. Es decir, pedirles antecedentes penales o policiales o saber al menos de qué viven o a qué se dedican.
Y allí si le doy toda la razón ya que muchas veces quienes arriendan solo ven el beneficio económico, no importándoles si las personas luego convierten la casa en un burdel, ‘chupódromo’ o incluso una base de operaciones para el tráfico ilícito de drogas.
Esta semana en el sector de Juan XXII en Miraflores, vecinos realizaron una protesta exigiendo el retiro de ciudadanos venezolanos, ya que denunciaron que los vienen amenazando y dejando debajo de las puertas escritos pidiéndoles cupos, incluso mostraron videos donde uno de los sujetos está forcejeando una de las puertas. Y entonces esto debe hacernos pensar a quién le estoy alquilando mi vivienda y si esto luego me traerá problemas como tercero civilmente responsable.
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