La denuncia de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) sobre ocho periodistas agredidos durante las protestas en Lima el último fin de semana refleja un problema estructural: la falta de garantías para la prensa en contextos de conflictividad social. De los casos reportados, siete fueron atribuidos a la Policía Nacional y uno a civiles, en medio de movilizaciones contra el Gobierno y el Congreso.
La respuesta oficial, sin embargo, genera más dudas que soluciones. El jefe de la Región Policial Lima, general PNP Enrique Felipe Monroy, pidió a los reporteros usar identificaciones más grandes, chalecos y micrófonos con logos visibles para ser reconocidos. Aunque la recomendación parece lógica, el trasfondo es preocupante: se traslada la responsabilidad a los periodistas en lugar de asegurar que las fuerzas del orden respeten su labor y sus derechos.
La libertad de prensa no depende de un chaleco ni de un logotipo. Es un derecho constitucional que garantiza que la ciudadanía reciba información en tiempo real, especialmente durante protestas donde la transparencia resulta esencial. Normalizar la violencia contra periodistas, incluso bajo el pretexto de “confusión”, abre la puerta a la impunidad y debilita la confianza en las instituciones.
En este contexto, la agresión a la prensa no es un hecho aislado, sino un síntoma de cómo el ejercicio periodístico se convierte en blanco en escenarios de tensión política. El reto es claro: fortalecer protocolos de seguridad, capacitar a la Policía para diferenciar entre manifestantes y comunicadores, y sancionar cualquier exceso. Defender a los periodistas no es defender a un gremio: es proteger el derecho de todos los peruanos a estar informados.
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