Los subsidios estatales al combustible representan una de las trampas más peligrosas y recurrentes de la política populista, advierte el exministro de Economía Luis Miguel Castilla.

Ante la propuesta del Gobierno de implementar un subsidio focalizado de hasta 20 % al diésel para transportistas, mototaxistas y transporte fluvial, resulta imperativo encender las alarmas sobre el verdadero costo que pagaremos todos los peruanos. La experiencia fiscal demuestra que resulta engañosamente fácil otorgar este tipo de beneficios temporales, pero retirarlos exige una firmeza política que pocos gobernantes están dispuestos a asumir. Disfrazar medidas asistencialistas de alivio económico, con un impacto presupuestal de 120 millones de soles para apenas tres meses, es una decisión irresponsable que pone en jaque la sostenibilidad fiscal del país y amenaza con convertirse en una factura permanente financiadas con el dinero de nuestros impuestos.

La inviabilidad técnica de este anuncio radica en la abrumadora informalidad que carcome al transporte público y de carga a nivel nacional. ¿Cómo pretende el Ministerio de Transportes estructurar un padrón transparente y justo cuando carece de un registro real de mototaxis, embarcaciones regionales o buses urbanos? Abrir las arcas fiscales sin mecanismos de control rigurosos no es más que una invitación directa a la filtración de recursos públicos, la especulación y el mercado negro de combustibles. Lejos de mitigar el impacto de la volatilidad internacional de los precios, se está creando un peligroso incentivo para que sectores informales exijan paros, treguas artificiales y prórrogas indefinidas cada vez que el Estado pretenda retirar el beneficio.

Como ciudadanía informada, debemos rechazar la retórica demagógica que maquilla con dinero público las falencias estructurales del Estado. 

La verdadera solución a la crisis del transporte no pasa por regalar combustible ni por apaciguar dirigentes con incentivos fiscales de corto plazo; exige formalización, fiscalización efectiva e inversión en infraestructura de largo aliento.