La semana pasada comentaba sobre la aprobación de la Ordenanza Regional 538 que establece la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) en los sectores educación, salud y espacios comunitarios en nuestra región. Decía que representaba un avance significativo en la garantía de derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes. También recalcaba que esta política pública, lejos de promover prácticas ideológicas o agendas ocultas como algunos sectores conservadores afirman, busca prevenir la violencia sexual, el embarazo adolescente y fomentar el autocuidado, el pensamiento crítico y la convivencia democrática.
La ESI, tal como se plantea en la ordenanza, reconoce el rol protagónico de padres y madres de familia en el proceso formativo. No excluye ni reemplaza la educación en el hogar, sino que la complementa desde un enfoque científico, ético y de derechos humanos. Sin embargo, la reacción de ciertos grupos religiosos y ultraconservadores ha sido virulenta, marcada por desinformación, alarmismo moral y una resistencia sistemática a toda política que promueva la autonomía corporal y el pensamiento crítico en la infancia. La oposición de sectores vinculados a la Iglesia católica, particularmente de algunos miembros con vínculos con el extinto Sodalicio de Vida Cristiana, revela una tensión profunda entre el derecho a la educación integral y los intereses de instituciones que han sido cuestionadas por encubrir abusos sexuales a menores. En este contexto, la ignorancia de los niños sobre su cuerpo, sus derechos y los límites del consentimiento se convierte en un terreno fértil para el abuso. No se trata de acusar a toda la Iglesia, pero sí de reconocer que el silencio y la omisión de malos autoridades eclesiásticas han sido cómplices en múltiples casos de abusos a menores. La defensa de la ESI implica proteger a los más vulnerables, empoderarlos y construir una ciudadanía informada y libre de prejuicios. En ese sentido, es urgente que la sociedad civil, los profesores, los profesionales de la salud y los padres y madres de familia se movilicen para defender esta política pública, exigir su implementación efectiva y denunciar cualquier intento de sabotaje ideológico.
Nuestra infancia merece una educación que los prepare para la vida, no para la obediencia ciega. Merece saber que su cuerpo les pertenece, que tienen derecho a decir no, a pedir ayuda, a vivir sin miedo. La ESI no es una amenaza, por el contrario, es una herramienta de protección, de empoderamiento y de justicia. Su implementación no debe depender de los prejuicios de quienes, en nombre de la moral, han callado demasiado tiempo ante el dolor de los más inocentes.
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