Un grupo de familiares ayer hizo un plantón cerca de la Corte de Arequipa, pues están indignados con la sentencia de cuatro años de prisión que dieron el año pasado contra el ex gerente del Gobierno Regional de Arequipa Jorge Luis Aguilar. Es acusado de realizar compras irregulares en el segundo período del presidente regional Juan Manuel Guillén (2010 - 2014).
Recordemos un poco de este caso que envolvió en acusaciones aquí en ese entonces estaban a cargo del gobierno Regional de Arequipa. En su momento tuvieron que cumplir con diversos procedimientos para sacar adelante obras emblemáticas como el puente Chilina. Aguilar en su momento fue enfático al indicar que se recurría a nuevas estrategias debido a la lentitud del aparato estatal para definir el avance en las inversiones de grandes proyectos.
En ese sentido, casi fue profético cuando a un grupo de periodistas les indicó que en los siguientes años iba a irse a juicio precisamente por elaborar las estrategias para agilizar los proyectos de inversión. Ahora a casi una década de cumplida esta consigna su familia pide justicia pues en la misma sentencia se ratifica que no hubo daño patrimonial.
Pero, también hubo funcionarios que según las pruebas de juicio se aprovecharon de recursos del Estado.
Frente a este panorama recordemos también que la burocracia estatal es muy fuerte. Cuántos proyectos han tenido que esperar años de años para ser concretados debido a una serie de trabas que se ponen en el camino y que solo desaniman a las autoridades que están en la búsqueda de mejorar los servicios para su población.
Ahora Aguilar junto a otros funcionarios debe afrontar el peso de la justicia por haber cometido estas irregularidades. Aunque en su momento la estrategia tuvo resultados pues se logró entregar a la población obras emblemáticas y de envergadura, lo cierto es que la ley siempre va a pesar. Sin embargo cabe el llamado de atención al gobierno central que no agiliza los trámites para desarrollar un proyecto en cada gobierno regional.
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