De destacados legisladores como Francisco Xavier de Luna Pizarro, Miguel Grau, pasando por Víctor Andrés Belaúnde, Víctor Raúl Haya de la Torre y terminando con Alejandro Cavero, Jorge Montoya, Rosangela Barbarán, nuestro parlamento se ha ido deteriorando con el pasar de los años hasta la crisis institucional que hoy vive. Cuando pensamos que nos habíamos librado de los “come pollo”, “plancha camisas”, “lava los pies”, “empleados fantasmas” de demás inmoralidades, este parlamento nos sorprende con la novedad de que existiría una red de prostitución operando al interior del mismo.
En este nuevo escándalo estarían implicados varios funcionarios. Uno de los principales investigados es Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, quien supuestamente lideraba esta red. La Fiscalía ha intervenido diversas oficinas del Congreso para recolectar pruebas y testimonios. Además, Isabel Cajo, una trabajadora del Congreso, ha sido identificada como testigo clave en las investigaciones. Este caso ha desatado una serie de indagaciones y ha generado indignación en distintos sectores políticos.
La muerte de Andrea Vidal, una extrabajadora del Congreso, ha marcado un punto de inflexión en la investigación. Vidal fue asesinada, lo que reveló la posible existencia de la red de prostitución. Este acontecimiento ha intensificado las críticas hacia el Congreso y ha puesto de relieve la falta de transparencia en la contratación de personal de confianza y en el control de la institución por parte de la mesa directiva y del oficial mayor. El desprestigio del Congreso no es un fenómeno reciente; en los últimos años, la institución ha sido objeto de múltiples escándalos de corrupción, nepotismo y mala gestión. La percepción pública del Congreso ha sido consistentemente negativa, con encuestas que reflejan una baja confianza y una nula capacidad para legislar de manera efectiva y ética. A lo largo del tiempo, nuestro Congreso ha enfrentado numerosas acusaciones, pero nunca una de tal magnitud que pudiera incluir un asesinato. La presunta red de prostitución solo agrava la situación de desconfianza y crisis institucional, reforzando la imagen de un Congreso corrupto y descontrolado.
La respuesta política del Congreso ante estas acusaciones ha sido nula: el presidente del legislativo decidió irse de gira por China antes de quedarse a solucionar el problema; muchos funcionarios han sido acusados de intentar ocultar información y de no colaborar plenamente con las investigaciones. Que duda cabe ya que, presumiblemente, estamos ante un Congreso delincuencial y mafioso.