Dos propuestas de Renovación Popular han vuelto a situar los derechos fundamentales en el centro del debate, y es importante que miremos más allá de la situación política actual.

Una de ellas busca que el Ejecutivo pueda denunciar el Pacto de San José y sacar al Perú de la competencia de la Corte Interamericana. La otra quiere sancionar la promoción o justificación de actos violentos, pero usa términos que podrían incluir al periodismo.

Combatir la violencia es una obligación del Estado y nadie sensato debería discutirlo. También es indispensable distinguir la incitación delictiva de la información periodística, porque confundirlas puede convertir al periodista en sospechoso por contar lo que otros dijeron o hicieron.

La libertad de prensa no existe para proteger solamente al periodista. Existe para proteger al ciudadano que necesita conocer los abusos del poder, las irregularidades de una institución o las razones de una protesta.

Por eso preocupa una norma penal que deje demasiado espacio a la interpretación. Una acusación por «legitimar» violencia podría depender del criterio de quien investiga, acusa o juzga, justamente cuando la independencia institucional no siempre ha demostrado ser inmune a la presión política.

La segunda iniciativa puede corregirse con definiciones precisas, exigencia de intención directa y un riesgo concreto e inminente. La seguridad pública merece herramientas eficaces, pero ninguna herramienta debe convertirse en mordaza.

Más grave sería desprendernos del Pacto de San José. Su denuncia no significa borrar los derechos reconocidos por la Constitución, pero sí reducir para los ciudadanos una garantía externa frente a eventuales abusos estatales.

El artículo 78 establece un preaviso de un año y mantiene las obligaciones respecto de hechos anteriores. Después de la denuncia efectiva, la Corte Interamericana ya no podría conocer nuevas violaciones de la Convención cometidas bajo la jurisdicción peruana.

La Comisión Interamericana, sin embargo, conservaría determinadas competencias derivadas de la pertenencia a la OEA y de la Declaración Americana. La consecuencia principal para el ciudadano sería perder la posibilidad de acudir a la Corte como instancia judicial internacional complementaria.

Ese detalle importa. Cuando una justicia nacional puede ser influida por intereses políticos, económicos o coyunturales, disponer de una instancia supranacional no es una humillación para el país.

Es un seguro adicional para el ciudadano. Nadie garantiza que un organismo internacional nunca se equivoque, pero eliminar una instancia de protección porque alguna vez incomodó al poder sería castigar a todos por los errores de algunos.

Martín Niemöller dejó una advertencia que atraviesa generaciones: cuando callamos porque la amenaza todavía no nos alcanza, facilitamos que mañana nadie quede para defendernos. Primero fueron por otros; después pueden venir por nosotros.

El Evangelio enseña que el prójimo no deja de serlo porque piense distinto. Defender derechos ajenos cuando todavía no necesitamos defender los propios también es una forma concreta de amar y de hacer justicia.

El Perú necesita seguridad, justicia y autoridad. Pero necesita las tres sin sacrificar la libertad, porque una sociedad segura donde nadie puede hablar libremente solo ha cambiado el nombre del miedo.