Si algo tienen en común los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y el de Ollanta Humala es su vínculo de corrupción con la empresa brasileña Odebrecht. Sin embargo, Humala marca la diferencia porque en la investigación de lavado de activos también está incluida su esposa Nadine Heredia.
Ollanta postuló dos veces a la presidencia, en el 2006 y 2011 cuando ganó con su organización política Partido Nacionalista Peruano frente a Keiko Fujimori (Fuerza Popular).
El gobierno de Humala descató por los programas sociales que se creó, como Juntos, Pensión 65, Becas para estudiantes, entre otros. Además siguió la línea de sus antecesores con los tratados de libre comercio.
Entre sus obras culminó un tramo de la carretera Longitudinal de la Sierra y promovió la construcción del aeropuerto de Chincheros y el Gasoducto del Sur. Sin embargo, no fueron culminadas, por el contrario se despataron casos de corrupción que involucró a Odebrecht. Hasta la fecha ninguna de las dos obras fue terminada y generan pérdidas económicas.
En el caso del Gasoducto, la Fiscalía sostiene que Humala habría favorecido a la empresa Odebrecht para que gane la licitación por más de $7000 millones en 2014. Las acusaciones partieron por la declaración de Jorge Barata, exrepresentante de dicha empresa en Perú. Él acusó directamente a Heredia de organizar reuniones y gestionar el beneficio para la compañía, a cambio de millonarios sobornos.
Antes de ese escándalo, se investigó a los espositos tras hallar las ‘agendas’ de Heredia, en las cuales se reveló que Odebrecht habría dado aportes ilícitos de $3 millones a la campaña presidencial de Humala en el 2011.
A esto se suma, que las coimas, no solo fueron de Odebrecht, también de otras empresas y denominaron el caso como el ‘Club de la construcción’. En esta investigación se le acusa a Humala de recibir cerca de $18 millones. El expresidente fue el primero en sentarse en el banquillo para responder a la justicia peruana junto a su esposa, lo que conllevó a su prisión preventiva. Sin embargo, salieron libres tras una sentencia del Tribunal Constitucional.
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