El presidente de Argentina, Javier Milei, oficializó una reforma a la Ley de Migraciones mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), con la que prohíbe el ingreso de extranjeros que emitan mensajes de odio contra el país y habilita la expulsión o cancelación de residencia de quienes incurran en esas conductas.

La medida ya entró en vigencia, aunque deberá ser evaluada posteriormente por el Congreso argentino para definir su validez definitiva.

La modificación fue publicada en el Boletín Oficial a través del DNU 681/2026 e incorpora nuevas causales de inadmisión y expulsión para personas extranjeras que promuevan discursos de odio, inciten a la violencia, discriminen a ciudadanos argentinos o agravien los símbolos patrios.

Desde la Casa Rosada justificaron la decisión con un mensaje contundente: "Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país".

De acuerdo con el nuevo texto legal, las sanciones alcanzarán tanto a quienes pretendan ingresar al territorio argentino como a los extranjeros que ya residan en el país si se comprueba que incurrieron en esas conductas.

No obstante, la normativa aclara que las críticas de carácter ideológico, político o académico continúan protegidas por el derecho a la libertad de expresión.

Como antecedente, el Gobierno de Javier Milei ya había impulsado en los últimos meses un endurecimiento de la política migratoria y, tras la reciente polémica generada por las críticas internacionales hacia Argentina durante el Mundial de fútbol, denunció la existencia de una supuesta campaña de agravios contra el país.

Ese contexto fue uno de los argumentos utilizados por el Ejecutivo para promover esta nueva reforma migratoria.

Aunque el decreto tiene aplicación inmediata, la legislación argentina establece que los Decretos de Necesidad y Urgencia deben ser revisados por el Congreso, que determinará si la reforma permanece vigente o es rechazada.

Mientras tanto, las autoridades migratorias ya cuentan con nuevas facultades para impedir el ingreso o disponer la expulsión de extranjeros que vulneren las disposiciones incorporadas en la Ley de Migraciones.