El dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados esta madrugada durante una operación militar estadounidense en Venezuela y trasladados a Nueva York, donde enfrentarán cargos por conspiración para cometer narcoterrorismo, tráfico internacional de cocaína y posesión de armas de guerra. En el Distrito Sur de Nueva York, la fiscalía acusa a Maduro de liderar una red criminal transnacional conocida como el Cártel de los Soles.
Más allá del proceso penal en Estados Unidos, la caída de Maduro reactiva el expediente más grave que pesa sobre el chavismo: la investigación por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional (CPI). Desde 2018, la Fiscalía mantiene abierta la causa “Situación Venezuela I” por hechos ocurridos desde 2014, y en marzo de 2024 la Sala de Apelaciones confirmó la vigencia de la investigación, rechazando los intentos del régimen por bloquearla.
El entonces fiscal jefe Karim Khan sostuvo que existe “base razonable” para creer que se cometieron crímenes de lesa humanidad, describiendo un patrón de represión sistemática contra opositores: detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual ejecutadas por fuerzas estatales y grupos progubernamentales. La Fiscalía concluyó que no se trata de hechos aislados, sino de un ataque contra la población civil alentado o aprobado desde el Estado.
La investigación internacional se apoya en informes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Human Rights Watch y Amnistía Internacional, que documentan torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Entre las agencias señaladas figuran el SEBIN y la DGCIM, con métodos que incluyen asfixias, descargas eléctricas y violencia sexual durante detenciones prolongadas.
El cerco se amplió con los informes de la ex alta comisionada Michelle Bachelet, que desde 2019 denuncian abusos sistemáticos, impunidad y graves condiciones de detención. Aunque el régimen intentó retirarse del Estatuto de Roma en 2025, expertos subrayan que la CPI mantiene jurisdicción sobre los crímenes ya investigados. Con Maduro ahora bajo custodia de EE. UU., el desenlace judicial se juega en dos tableros: el penal federal y el internacional por lesa humanidad.
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