Internacional

La amenaza del crimen organizado un desafío para América Latina

La población se siente cada vez más insegura, aunque en muchos de los países de la región, sus autoridades sostienen que esta ha descendido

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La mayoría de los países latinoamericanos se enfrentan a una crisis en materia de seguridad que se ha agravado.
DIARIO VIRAL

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La mayoría de los países latinoamericanos se enfrentan a una crisis en materia de seguridad que se ha agravado en los últimos meses con inquietantes demostraciones de que el crimen organizado está ganando terreno debido a la inacción de los gobiernos y la falta de políticas públicas decididas a resolver un problema que amenaza con socavar la convivencia ciudadana y la institucionalidad democrática.

El narcotráfico es común denominador de los países de la región y causante de la mayoría de los homicidios, ejecutados por los sicarios, pero a este flagelo se suman ahora la trata de personas, el tráfico de armas y migrantes, y el aumento de la extorsión, problemas todos ellos que hacen que la inseguridad se haya convertido en uno de los temas que más preocupan a los ciudadanos.

PERCEPCIÓN VS. REALIDAD. Aunque Brasil, Panamá, Puerto Rico, El Salvador, Argentina y Venezuela registraron un descenso de homicidios durante el 2022, la criminalidad continúa siendo un quebradero de cabeza para las autoridades.

En Venezuela, por ejemplo, delitos como la extorsión, la trata de personas, los feminicidios y los abusos sexuales cobran mayor virulencia y en Panamá se han registrado casos nunca antes vistos, como el desmembramiento de víctimas o el ataque sicarial en una escuela, que le costó la vida a un joven de 15 años en la región de Colón en octubre pasado.

En Costa Rica, la situación se ha vuelto preocupante porque el año pasado hubo 656 homicidios, un 11% más que en el 2021, y se alcanzó la cifra récord, por encima de los 603 registrados en el 2017.

Según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), 6 de cada 10 homicidios cometidos en esta nación centroamericana durante el 2022 estuvieron relacionados con el “ajuste de cuentas” por narcotráfico.

En Chile, la percepción ciudadana es que la inseguridad se ha disparado a un nivel inmanejable, pero las autoridades aseguran que el número de delitos no ha aumentado respecto a años anteriores, aunque sí reconocen que son más violentos.

MAL ENFOCADO. Para hacer frente a la violencia y el crimen, en Ecuador se han decretado hasta diez estados de excepción en menos de dos años desde la llegada al poder del conservador Guillermo Lasso, mientras que en El Salvador una medida similar decretada por Nayib Bukele ya completó un año con serios cuestionamientos de organizaciones defensoras de derechos humanos, algo que no parece preocupar al mandatario.

En Honduras también rige desde diciembre pasado un estado de excepción, y aunque su aplicación comenzó en las dos ciudades más importantes, Tegucigalpa y San Pedro Sula, ya se ha extendido a 123 de los 298 municipios, una medida que preocupa a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Las agencias de la ONU y las organizaciones de derechos humanos también consideran medida excesiva la militarización del territorio, como sucede en México, donde hay más de 92,000 elementos en tareas de seguridad pública, una dotación que ha ido creciendo durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador.

En tanto, la estrategia de “saturación policial” aplicada en Argentina –que según el director del Centro de Estudios Latinoamericano sobre Inseguridad y Violencia, Marcelo Bergman, consiste en poner figurativamente un “policía en cada esquina”– da réditos, pero no necesariamente arregla el problema. Como tampoco lo hace la flexibilización en el porte de armas decretada recientemente en Ecuador.

En opinión del experto de la Universidad Externado, estas son “estrategias fallidas” que en algunos países de América Latina, Europa o en Estados Unidos “se han demostrado como perversas y tóxicas”, y no resuelven de fondo el problema de la inseguridad.

PROGRAMAS SOCIALES. En Brasil, con el retorno de Luiz Inácio Lula da Silva a la presidencia se recuperó el programa de seguridad impulsado en sus dos mandatos anteriores (2003-2010), con el que pretende reducir la violencia y aumentar la presencia del Estado en las periferias de las ciudades mediante programas sociales, una estrategia que supone un cambio radical en relación con la política del Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro.

También destacan los cambios en materia normativa en Paraguay, cuya Cámara de Senadores sancionó en marzo pasado un proyecto de ley que modifica varios artículos del Código Penal e incorpora el sicariato como un hecho punible. El debate en el Legislativo comenzó en junio del 2022, semanas después del asesinato en Colombia del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci.

Si bien se necesitan más reformas de los cuerpos policiales, que sean dirigidos con pensamiento estratégico y con el involucramiento de diversas instancias civiles del Estado, la Academia y las organizaciones de la sociedad civil, estas no pueden suponer dejar las manos libres a los cuerpos policiales para que ejerzan un mayor uso de la fuerza, como ocurre con la polémica ley “Naím-Retamal”, aprobada recientemente en Chile.

Según Libreros, el fracaso en implementar estas reformas “podría resultar en una década perdida en materia de seguridad en América Latina”. (EFE)

REPUESTA TRANSNACIONAL. La inmigración ilegal, el contrabando, la trata de personas, la minería informal, la tala de árboles y el narcotráfico son hoy los principales azotes contra la seguridad regional. Estas actividades tienen algo en común: son delitos transnacionales que utilizan todas las ventajas de la comunicación digital  para lograr su cometido.

Sin embargo, la principal forma en que responden los gobiernos latinoamericanos a estos crímenes continúa siendo de lo más convencional, teniendo al Estado nacional como referente. Los mecanismos institucionales internacionales son muy pocos o mal implementados ante las nuevas necesidades de seguridad regional.

El caso del migrante venezolano Sergio Tarache es un buen ejemplo. Con antecedentes delictivos ingresó en nuestro país, mató a la joven peruana Katherine Gómez de la manera más cruel y fugó a Colombia.

Según el exministro del Interior Rubén Vargas, el presidente colombiano, Gustavo Petro, se opone a que lo expulsen al Perú por razones ideológicas y como una arma de lucha política contra el Gobierno de Lima. Así, la delincuencia continuará aprovechándose de nuestras debilidades y mezquindades.

DATO. 64.2% de entrevistados en México consideró inseguro vivir en su ciudad.

Fuente : El Peruano 

Fuente: Fabián Vallas Trujillo Internacionalista

Foto: Agencia

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