La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que mantiene indicios sobre la persistencia de centros de detención clandestinos en Venezuela, pese al proceso gradual de liberación de presos políticos anunciado por el gobierno interino. La advertencia fue realizada este miércoles por su relatora especial para el país, Gloria Monique de Mees, durante una sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington.
Durante su intervención, De Mees sostuvo que la existencia de estas instalaciones evidencia el carácter estructural de las violaciones de derechos humanos y la falta de supervisión institucional efectiva. Señaló además que, aunque se han anunciado excarcelaciones, la situación sigue siendo alarmante y se ve agravada por la imposibilidad de la CIDH de realizar visitas in situ a Venezuela desde 2002, lo que limita la verificación independiente de las condiciones carcelarias y del paradero de los detenidos.
Según datos presentados por la relatora, hasta el 19 de enero se había liberado a 143 personas detenidas por motivos políticos. No obstante, organizaciones de la sociedad civil como Foro Penal estiman que aún permanecen encarcelados alrededor de 775 presos políticos, mientras que el régimen chavista asegura que las liberaciones superan las 400 si se incluyen las efectuadas en diciembre. Para la CIDH, esta diferencia de cifras refleja una preocupante falta de transparencia.
La situación se desarrolla en un contexto excepcional tras la captura del dictador Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en un operativo de fuerzas estadounidenses, junto a su esposa Cilia Flores. Ambos fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos federales, mientras que ese mismo día se decretó el estado de conmoción exterior, una medida que militariza sectores estratégicos y habilita restricciones a derechos fundamentales bajo la presidencia interina de Delcy Rodríguez.
La CIDH expresó especial preocupación por los efectos de este decreto de excepción y solicitó información detallada sobre su aplicación, en particular sobre el número de personas detenidas y los centros de reclusión utilizados. Organizaciones venezolanas, como el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, denuncian que se desconoce el paradero de al menos 200 detenidos, lo que podría constituir desapariciones forzadas, mientras familiares continúan exigiendo respuestas oficiales ante el Ministerio Público en Caracas.
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