El Gobierno de Brasil, encabezado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, anunció este 25 de septiembre la prohibición de las apuestas de cuota fija, incluidos los sitios de apuestas deportivas y casinos virtuales, mediante una medida provisional firmada en São Paulo. La disposición impide la explotación, oferta, intermediación y publicidad de estos servicios en todo el territorio brasileño y establece un cronograma para el cierre de las plataformas actualmente operativas. 

Desde la publicación de la norma quedan prohibidos los nuevos depósitos en cuentas de apuestas, mientras que los usuarios podrán acceder a las plataformas únicamente para retirar el dinero disponible. El plazo para hacerlo voluntariamente vencerá a las 23:59 horas del 5 de octubre. “Si usted tiene algún saldo, retírelo, use estos días para entrar al sitio y retirar su dinero”, exhortó el ministro de Hacienda, Dario Durigan. 

A partir de las 00:00 horas del 6 de octubre, las páginas web y aplicaciones dedicadas a las apuestas serán bloqueadas en Brasil mediante una acción coordinada con organismos de telecomunicaciones y proveedores digitales. Las empresas deberán además retirar sus campañas publicitarias, promociones y patrocinios dentro del periodo de transición establecido por el Ejecutivo.

El Gobierno también estableció un procedimiento para quienes no alcancen a retirar sus fondos antes del cierre. Las casas de apuestas deberán informar a las entidades financieras los saldos individualizados de sus clientes y las cuentas de origen de los depósitos; posteriormente, los bancos realizarán la devolución íntegra de los recursos entre el 9 y el 14 de octubre. En caso de dificultades, la Caixa Econômica Federal podrá actuar como intermediaria del reembolso. 

Paralelamente, el Ejecutivo envió al Congreso brasileño un proyecto de ley que propone nuevos delitos vinculados al sector. El texto plantea penas de cuatro a seis años de prisión y multa para quienes exploten, operen u ofrezcan apuestas, mientras que la promoción publicitaria, el uso de datos personales para captar apostadores y determinadas operaciones financieras podrían recibir condenas de dos a cuatro años. Estas sanciones penales requerirán la aprobación legislativa para incorporarse definitivamente al marco legal. 

El ministro Durigan sostuvo que la decisión se adoptó tras evaluar los efectos económicos y sociales de las apuestas y aseguró que se garantizará que quienes aún tengan fondos depositados “tengan su dinero de vuelta”. El Gobierno anunció además que reforzará la fiscalización contra sitios clandestinos mediante la Policía Federal, el Banco Central, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones y otros organismos, mientras avanza la implementación de la prohibición en todo Brasil.