A 6 meses de las Elecciones Generales del 2026, el país se prepara para un proceso electoral que será decisivo, pero también particularmente complejo. Según datos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), 2 519 744 ciudadanos votarán por primera vez, sumándose a un padrón que enfrentará una cédula de votación de 44 centímetros de largo y ancho, consecuencia directa de la alta cantidad de partidos políticos inscritos. En este escenario, el tamaño del material electoral y la multiplicidad de opciones despiertan preocupación entre especialistas que advierten un proceso confuso y poco comprendido por la población.
El analista político Mario Berrios Espezúa sostiene que las dificultades no afectarán solo a los más de dos millones de votantes debutantes, sino al electorado en general. Para él, la falta de campañas de difusión y educación electoral sobre la nueva bicameralidad y el formato de votación son responsabilidad del Ejecutivo y del Legislativo.
Según Berrios, ambos poderes del Estado han evitado impulsar información clara porque “entre más confundida esté la población, ellos aprovechan para hacer las mismas mañas en elecciones y buscar una reelección como senadores, y obtener la impunidad”. A ello añadió que, si dejaran el cargo sin ser reelegidos, muchos serían investigados por los actos cuestionables cometidos en funciones.
Esta interpretación encuentra eco en la situación expuesta por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, quien alertó sobre la brecha presupuestal que enfrenta el sistema electoral. Burneo confirmó que el presupuesto aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas asciende a S/ 390 millones, pero las necesidades reales superan los S/ 553 millones, una diferencia que podría afectar la impresión del material electoral, la capacitación de miembros de mesa y el despliegue logístico en regiones de difícil acceso. “Nos han aprobado S/390 millones, pero identificamos que el monto necesario es mucho mayor. Si no logramos el financiamiento total, las elecciones podrían verse comprometidas”, advirtió.
Frente a este escenario, el analista en temas electorales José Villalobos fue más allá al señalar que la demora en asignar recursos al JNE y a la ONPE podría configurar un delito. Según explicó, el retraso sistemático en el financiamiento electoral se ha visto en diferentes gobiernos.
“En todos los gobiernos se retrasa la entrega del presupuesto electoral, pero el presidente José Jerí debe recordar que, si impide la realización de las elecciones, puede ser acusado constitucionalmente. Una forma de impedirlas es justamente no asignar el presupuesto a tiempo”, advirtió Villalobos.
En conclusión, el panorama electoral se presenta marcado por tres tensiones simultáneas: una ciudadanía poco preparada para enfrentar un proceso complejo y con nuevas reglas; un Estado que, según Berrios y Villalobos, no promueve la educación electoral necesaria y mantiene incentivos políticos para la confusión; y un sistema electoral que opera con recursos insuficientes y tiempos cada vez más ajustados. La combinación de estos elementos configura un escenario donde el desarrollo pleno del proceso democrático depende de decisiones urgentes y de una voluntad institucional que, hasta ahora, parece fragmentada y tardía.
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