El expresidente Alejandro Toledo, que será sentenciado este 31 de diciembre por millonarios sobornos recibidos de Odebrecht, arrastró a quien fue su premier y ministro de Economía: Pedro Pablo Kuczynski, quien también habría recibido dinero ilícito de la constructora brasilera.
El vínculo de PPK y Odebrecht salió a la luz en 2016, cuando asumió la presidencia del país. En ese año la compañía extranjera afirmó que pagó $4.8 millones a dos firmas de asesorías que tenía como accionista al exmandatario. A más de ocho años, el fiscal a cargo de la investigación, José Domingo Pérez, estima que su juicio oral inicie en diciembre de este año, pero aún nada es confirmado.
PPK tuvo que renunciar a la presidencia en el 2018, ante las mociones de vacancia presentadas por sus vínculos con Odebrecht. La Fiscalía lo investigaba solo las dos empresas Westfield Capital Ltd y First Capital Inversiones y Asesorias Ltd, en las cuales era socio el exjefe de Estado.
Según la tesis fiscal, cuando PPK trabajaba con Toledo, promovió normas para favorecer a la constructora brasilera y que se dé la construcción de la carretera Interoceánica el Proyecto Olmos, entre los años 2004 y 2005.
Tras ello, habría recibido más de un millón de dólares de parte de concesionarias de Odebrecht mediante su empresa Westfield Capital, por las supuestas consultorías. Con ese dinero se habría comprado una propiedad en San Isidro y transfirió parte del monto a su chofer José Bernaola Ñuflo y a su secretaria Gloria Kisic Wagner.
Por ello se le abrió una investigación por lavado de activos con agravante de pertenencia de organización criminal, donde el líder era PPK. En 2019, el Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva, pero la mayor parte la pasó con arresto domiciliario.
En mayo del 2023, la Fiscalía solicitó 35 años de prisión y lo acusó de recibir $12 millones de Odebrecht y otras empresas por asesorías encubiertas en proyectos como Olmos, IIRSA y Rutas de Lima, vinculados al caso de corrupción Lava Jato. También sostiene que parte del dinero ilícito lo recibió cuando estaba en campaña presidencial.
En ese mismo año, el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró fundada la tutela de derechos presentado por PPK, lo que dilató aún más la fecha de inicio de juicio.
A esto se suma la última decisión judicial que aprobó archivar la investigación contra el chofer Bernaola y en consecuencia no afrontará el juicio oral. Sin embargo, la Fiscalía apeló a la decisión y está a la espera de la respuesta.
Con este fallo, PPK y los otros involucrados se sintieron más fuertes de salir librados. El abogado del exmandatario, Julio Midolo, sostuvo que toda la acusación podría caerse. Además el mismo pedido de sobreseimiento lo pidió la otra involucrada en la red criminal Gloria Kisic y el fallo podría ser el mismo.
“Lo mínimo que establece la de crimen organizado es que para que se trate de una organización criminal, tienen que ser tres o más personas”, refutó Midolo.
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