El Gobierno financia con S/77 710 061.4 a las diez organizaciones políticas con mayor votación en la contienda electoral del 2021, como parte del financiamiento público directo establecido por la Ley de Partidos Políticos N.° 28094. Aunque estos recursos, distribuidos para el periodo 2021–2026, fueron creados para cubrir actividades ordinarias, de formación, capacitación e investigación. Sin embargo, la normativa levanta críticas ante los casos de presunto uso irregular y la falta de resultados tangibles que demuestren su efectividad.
Para el politólogo Carlos Timaná Kure, el financiamiento público ya no responde a los fines con los que fue creado. “La financiación a los partidos políticos, se dio para capacitar y aumentar el nivel del Parlamento, asimismo para ampliar la preparación de nuestros funcionarios, Sin embargo, no hay evidencia alguna de resultados favorables. Por ello es mejor que se quite la financiación”, sostuvo.
IRREGULARIDADES DETECTADAS. De acuerdo con un informe revelado por Ideele Radio, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, utilizó recursos provenientes del financiamiento público para costear un viaje a Estados Unidos del 28 al 31 de mayo de 2024, acompañada de simpatizantes y personas que conforman Fuerza Popular. El gasto total ascendió a S/27 921.53, supuestamente destinado a una “capacitación, conferencias e intercambio académico” en California.
Sin embargo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó que dicho gasto podría constituir una infracción a la Ley de Organizaciones Políticas y al Reglamento del Financiamiento de los Partidos Políticos, al no encontrarse debidamente justificado.
Ante la irregularidad evidenciada el politólogo Timaná sostiene la pérdida del objetivo inicial del financiamiento.
“Sostiene que el objetivo que se tuvo con la ley para brindar el financiamiento a las organizaciones políticas fue secuestrado, en su mayoría los partidos utilizan esos fondos para pagar favores a personas que apoyaron durante la campaña antes de llegar a ocupar el cargo” declaró.
La especialista en Estrategia y Comunicación Política, Cecilia Ames Tineo alerta sobre el peligro que trae la ley, porque es probable que las organizaciones políticas se inscriban en las elecciones con la finalidad de obtener el dinero y llegar al poder, de llegar podría ser usado para bien o para mal.
El caso de Perú Libre refuerza la percepción de que el financiamiento público directo ha sido distorsionado. La ONPE determinó que el partido deberá devolver S/100 000.32, tras comprobar que contrató irregularmente un diplomado en gestión pública con la empresa Overall Health E.I.R.L., cuyo convenio con la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica había vencido antes de la firma del contrato.
La promesa de fortalecer los partidos mediante recursos públicos parece haberse diluido entre prácticas irregulares y discursos vacíos. Los casos de Fuerza Popular y Perú Libre, opuestos ideológicamente, pero similares en su manejo cuestionable de fondos, revelan una misma falla estructural: el financiamiento estatal sin resultados tangibles.
Así, la reflexión de Carlos Timaná cobra sentido: si el dinero del Estado no se traduce en una clase política más preparada además que los funcionarios no se cultivaron académicamente lo suficiente y somos los peruanos quienes pagamos con sus leyes, quizás ha llegado el momento de replantear —o incluso eliminar— el financiamiento público a los partidos políticos.
El Gobierno financia con S/ 77 710 061.4 a las diez organizaciones políticas con mayor votación en la contienda electoral del 2021, como parte del financiamiento público directo establecido por la Ley de Partidos Políticos N.° 28094. Aunque estos recursos, distribuidos para el periodo 2021–2026, fueron creados para cubrir actividades ordinarias, de formación, capacitación e investigación. Sin embargo, la normativa levanta críticas ante los casos de presunto uso irregular y la falta de resultados tangibles que demuestren su efectividad.
Para el politólogo Carlos Timaná Kure, el financiamiento público ya no responde a los fines con los que fue creado. “La financiación a los partidos políticos, se dio para capacitar y aumentar el nivel del Parlamento, asimismo para ampliar la preparación de nuestros funcionarios, Sin embargo, no hay evidencia alguna de resultados favorables. Por ello es mejor que se quite la financiación”, sostuvo.
IRREGULARIDADES DETECTADAS. De acuerdo con un informe revelado por Ideele Radio, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, utilizó recursos provenientes del financiamiento público para costear un viaje a Estados Unidos del 28 al 31 de mayo de 2024, acompañada de simpatizantes y personas que conforman Fuerza Popular. El gasto total ascendió a S/27 921.53, supuestamente destinado a una “capacitación, conferencias e intercambio académico” en California.
Sin embargo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó que dicho gasto podría constituir una infracción a la Ley de Organizaciones Políticas y al Reglamento del Financiamiento de los Partidos Políticos, al no encontrarse debidamente justificado.
Ante la irregularidad evidenciada el politólogo Timaná sostiene la pérdida del objetivo inicial del financiamiento.
“Sostiene que el objetivo que se tuvo con la ley para brindar el financiamiento a las organizaciones políticas fue secuestrado, en su mayoría los partidos utilizan esos fondos para pagar favores a personas que apoyaron durante la campaña antes de llegar a ocupar el cargo” declaró.
La especialista en Estrategia y Comunicación Política, Cecilia Ames Tineo alerta sobre el peligro que trae la ley, porque es probable que las organizaciones políticas se inscriban en las elecciones con la finalidad de obtener el dinero y llegar al poder, de llegar podría ser usado para bien o para mal.
El caso de Perú Libre refuerza la percepción de que el financiamiento público directo ha sido distorsionado. La ONPE determinó que el partido deberá devolver S/100 000.32, tras comprobar que contrató irregularmente un diplomado en gestión pública con la empresa Overall Health E.I.R.L., cuyo convenio con la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica había vencido antes de la firma del contrato.
La promesa de fortalecer los partidos mediante recursos públicos parece haberse diluido entre prácticas irregulares y discursos vacíos. Los casos de Fuerza Popular y Perú Libre, opuestos ideológicamente, pero similares en su manejo cuestionable de fondos, revelan una misma falla estructural: el financiamiento estatal sin resultados tangibles.
Así, la reflexión de Carlos Timaná cobra sentido: si el dinero del Estado no se traduce en una clase política más preparada además que los funcionarios no se cultivaron académicamente lo suficiente y somos los peruanos quienes pagamos con sus leyes, quizás ha llegado el momento de replantear —o incluso eliminar— el financiamiento público a los partidos políticos.
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