Durante el primer año de gestión del Consejo Regional de Arequipa (CRA) se emitieron y promulgaron cerca de 110 acuerdos y 17 ordenanzas regionales, de las cuales menos del 50 % fueron acatadas por el titular del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), Rohel Sánchez Sánchez, así lo indicó el expresidente 2023 y consejero, Miguel Ángel Linares.
Como se sabe, las ordenanzas regionales son normas con rango de ley territorial, no se encuentran subordinadas a las leyes del Estado al igual que los acuerdos tomados en sesiones de consejo ordinarias y extraordinarias. Su obediencia no tiene opción a réplica u omisión. Ante ello, el fiscalizador señaló que el Ministerio Público debería iniciar investigación contra los que la vulneren.
“Lamentablemente es verdad, no se obedece las ordenanzas y acuerdos que tomamos en el CRA. Eso prueba la desidia con la que operan nuestras autoridades y el gobernador Rohel Sánchez, eso es delito de omisión de funciones y debería ser investigado por la Fiscalía”, manifestó.
EJEMPLOS. Durante el 2023 y primer año de gestión de Sánchez Sánchez salieron normativas internas publicadas por el CRA como la transparencias en la publicación de todos los manejos administrativos y contratos ejecutados por el GRA a fin que los 14 fiscalizadores tengan acceso a la información, a la fecha no se acató la disposición. Esto salió en el marco a denuncias de compras sobrevaloradas que realizó la gestión regional.
“Se pidió un link para que todos los consejeros tengamos acceso a todas las obras desde el año pasado y solo tenemos colcados 2 proyectos. También se pidió información sobre todo lo contratado por administración directa y nada tampoco. Pedimos internet, así como diarios y revistas para las oficinas para mantenernos informados, tampoco”, señaló.
FALTA DE RESPUESTA. El también presidente de la comisión de Normas y Asuntos Legales señaló que en los últimos 5 meses cursó más de 100 oficios a las oficinas de gobernación y gerencias. No obstante solo una irrisoria parte fue contestada y la mayoría excede el plazo de ley atentando la función fiscalizadora.