Islay. Las más de dos mil familias de la Asociación de Afectados por el Desalojo el Mirador del Sur, distrito de Punta de Bombón, en la provincia de Islay, aún no olvidan aquel día en que fueron despojados de los terrenos que ocuparon por cuatro años y donde incluso ya se había construido casas de material noble.
Fue el 15 de diciembre del año 2017 cuando fueron sorprendidos por maquinaria pesada que llegó a la zona, junto con la comitiva del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), para realizar el desahucio y de nada sirvieron las súplicas porque destrozaron todo a su paso.
Si bien es cierto está prohibida la ocupación de predios del Estado, este no era uno de esos casos, puesto que ellos estaban realizando el trámite para la compra directa al GRA.
.png)
El presidente de la asociación, Néstor Villanueva Ponce, calificó el hecho de arbitrario e ilegal, alegando que hubo otros intereses detrás del desalojo, por ello hizo la denuncia contra todos los supuestos implicados.
Los denunciados ante la Fiscalía Penal de Crimen Organizado fueron: Elmer Cáceres Llica (gobernador regional de Arequipa), Augusto Palaco Toro (exjefe de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del GRA), Javier Eduardo Rospigliosi Vega (exjefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial del GRA), Rolando Ermo López Chire (exjefe de la Oficina de Ordenamiento Territorial del GRA), Juan Raúl Rodríguez Torres (alcalde de Punta de Bombón) y Henrry Alexis Vargas Medina (jefe de División de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal de la Municipalidad Distrital de Punta de Bombón).
ANTECEDENTES. Todo comenzó en el año 2013 cuando las 2 mil familias llegaron a Alto La Punta con la esperanza de tener la casa propia, pero a diferencia de lo que la mayoría suele hacer cada uno de ellos hicieron un pago de S/3000 al entonces presidente de la asociación, Celso Rodríguez Ampuero y fue él quien los instaló en un área de 141 hectáreas en la zona conocida como cerro Bandurrias.
Los años transcurrieron y poco a poco los pobladores fueron construyendo sus viviendas, algunos de prefabricado, otros de bloquetas y hasta de cemento y ladrillo. Paralelamente avanzaban realizando el trámite en el GRA para la venta directa de los terrenos que ocupaban.
El desalojo los sorprendió porque previo a esta diligencia existen documentos de oficinas del mismo gobierno regional, donde se advierte que había un trámite y por lo tanto no se podía efectuar el desahucio.
A pesar que el mismo día de la intervención llegó al lugar la fiscal Esther Borda para detener el desalojo, no se logró el objetivo.
Pero este no ha sido el único daño que sufrieron estos asociados, porque luego de la diligencia, se apersonaron al GRA donde indicaron que seguirían con el trámite de compra directa de los terrenos, pero en ese momento el entonces jefe de ordenamiento territorial, Renzo Medina, les indicó que no los podían vender porque no estaban inscritos en Registros Públicos a favor del GRA, pero con el tiempo se hizo la inscripción, así que vuelven a realizar la solicitud.
“Cuando me acerqué a conversar con ese funcionario me dijo que no debía haber pedido la venta directa y que él podía hacer el desestimiento y luego hace otro documento para una subasta pública. Eso no era lo correcto, porque mi solicitud está primero y por prelación corresponde que atiendan nuestro requerimiento, pero parece que estaba coludido con unos traficantes de terrenos y por ello hicimos la denuncia en la Fiscalía”, indicó Néstor Villanueva.
BUENAS NOTICIAS. El camino fue largo, pero los socios no se rindieron y hoy en día sienten que por fin se hará justicia, puesto que hace unos días la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa (tercer despacho), dispuso que se promueva la investigación preliminar en contra de: Augusto Palaco Toro, Javier Eduardo Rospigliosi Vega y Rolando Ermo López Chire por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo propio.
También se hará lo propio con Henrry Alexis Vargas Medina, pero en su caso será por la modalidad de cohecho activo genérico.
El plazo para que se desarrolle la investigación es de 60 días y para ello ya se han dispuesto las diligencias como son recibir las declaraciones del denunciante Néstor Villanueva Ponce y también solicitarán una serie de documentos al GRA que tienen que ver con el proceso del desalojo, así como del trámite de venta directa que se reaalizó en dicha entidad.
El representante de la asociación solo espera que los nuevos funcionarios del GRA actúen de acuerdo a ley dejando de lado los favoritismos.
“En el gobierno regional todos nuestros documentos los encarpetaban generando un retraso a nuestro trámite, había otros intereses y por eso nos querían sacar”, acotó.
Diario Viral intentó comunicarse con la nueva jefa de Ordenamiento Territorial del GRA, Sonia Matta, para colsultarle sobre el caso en mención, sin embargo no contestó las llamadas te
.jpg)
.jpg)
.jpg)
