Escribe: Oneida Chayña

Un error a los 15 años no debería marcar toda una vida. Sin embargo, para muchos adolescentes en conflicto con la ley, una mala decisión puede convertirse en una condena social permanente. Frente a esta realidad, el Ministerio Público impulsa una alternativa que rompe con el castigo tradicional: el Programa Nacional de Justicia Juvenil Restaurativa, una estrategia que no solo busca sancionar, sino también reconstruir vidas y evitar la reincidencia.

Poco se habla de estas segundas oportunidades. Pero existen. Y están cambiando historias.
A nivel de cobertura en Arequipa, las cifras reflejan el alcance de esta intervención. Desde el 2017 hasta el 28 de febrero de 2026, el programa ha registrado 986 atenciones. Solo en 2025 se derivaron 132 casos, de los cuales 100 fueron atendidos; se lograron 95 remisiones (es decir, donde el fiscal decide no procesar penalmente al menor por delitos menores) y 85 adolescentes culminaron el programa de orientación. 

Detrás de estos números hay procesos silenciosos de transformación que rara vez alcanzan visibilidad pública.
A nivel nacional, el impacto es aún más revelador, el 93% de los adolescentes logra reinsertarse en la sociedad, mientras que menos del 7% reincide. Estas cifras respaldan la efectividad de un modelo que apuesta por la orientación, el acompañamiento y la responsabilidad, en lugar de la sanción exclusivamente punitiva.
El programa está dirigido a adolescentes entre los 14 y antes de cumplir los 18 años que han cometido infracciones no graves, siendo los delitos m,as comunes contra el patrimonio y también contra la vida, el cuerpo y la salud en su forma leve. El ingreso no es automático: cada caso es evaluado por un fiscal de familia, quien determina si corresponde aplicar este enfoque restaurativo.

El eje del proceso es la remisión fiscal, un mecanismo que evita que el adolescente enfrente un proceso judicial, pero que exige un compromiso real de cambio. Como explica la fiscal superior de Familia y responsable del programa, Virginia Aquize Díaz, “es una segunda oportunidad de corregir sus errores, darle la oportunidad de corregir el rumbo de sus vidas”, y añade que se trata de “una especie de perdón por el acto cometido, sin denuncia ante el Poder Judicial, pero con un acompañamiento especializado para mejorar su comportamiento”.

No obstante, las cifras también deben leerse en su contexto. Según la magistrada, la disminución de casos en fiscalías de familia responde en parte a la Ley N.° 32330, que establece que adolescentes entre los 16 y 18 años que cometen delitos graves sean procesados en fiscalías penales. “Las estadísticas han disminuido no porque no se cometan estos delitos, sino porque una gran parte está siendo derivada a fiscalías penales”, precisa. Esto revela un cambio en la dinámica de atención más que una reducción real del problema.

BRECHAS. Sin embargo, persisten brechas importantes. Una de las principales limitaciones, advierte la fiscal, es la falta de instituciones públicas especializadas que atiendan a adolescentes con problemas de alcoholismo o drogadicción, factores que suelen estar presentes en conductas delictivas. A ello se suma la necesidad de mayor involucramiento de los gobiernos locales. “Se requiere que las municipalidades promuevan más espacios de recreación y deporte”, señala, como una medida preventiva clave para alejar a los jóvenes de entornos de riesgo.