Escrito por: Annel Aguilar Zambrano
En lo que va del año, Arequipa registró 165 denuncias por extorsión según la División de Investigación Criminal (Divincri) . A nivel nacional, se reportan más de 9000 denuncias por este delito entre enero y abril de 2025, equivalente a una cada 19 minutos.
Una de las formas más comunes de extorsión en Arequipa es el crédito informal conocido como “gota a gota”. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), el 52% de los créditos informales en Arequipa se otorgan bajo esta modalidad. Estos préstamos tienen intereses altísimos en muchos casos, superiores al 500% anual y se ofrecen con facilidad: basta con mostrar el DNI. Sin embargo, la consecuencia es devastadora: si el deudor no paga a tiempo, los prestamistas recurren a amenazas, intimidación y violencia directa, se han reportado casos en los que cobradores han dañado mercadería, aparecido en domicilios o lugares de trabajo, o incluso amenazado físicamente a las víctimas.
Según la División de Investigación Criminal (Divincri), como en muchas otras partes del país, este tipo de préstamos ha crecido, particularmente entre los pequeños comerciantes que, al no contar con acceso a créditos formales, se ven tentados por las propuestas de dinero fácil. A menudo, la línea entre un préstamo legítimo y una extorsión es difusa. Aunque el “gota a gota” no es, en principio, un acto ilegal, se convierte en una extorsión cuando el prestamista utiliza la violencia o amenazas para recuperar el dinero.
RIESGOS.
A nivel nacional, se estima que cerca de medio millón de peruanos han sido víctimas de esta modalidad, y el mercado clandestino de estos préstamos ha alcanzado la impactante cifra de 3000 millones de soles en 2023-2024. Este auge no solo refleja la pobreza y la falta de acceso al sistema financiero formal, sino también el crecimiento de organizaciones criminales que explotan las necesidades de los más vulnerables.
Víctor Fuentes, gerente de Políticas Públicas del IPE, advierte que los topes a las tasas de interés impuestos por el Estado han tenido un efecto contrario al buscado. En lugar de proteger a los más vulnerables, los ha excluido del sistema financiero formal, empujándolos al mercado informal. “El tope a las tasas de interés, que buscaba evitar la ‘usura’, ha tenido el efecto contrario: excluye a quienes pretendía proteger del sistema formal y los orilla al mercado informal, con tasas anualizadas mayores al 500% y cobros delincuenciales”, refiere.
¿Qué pasa con quienes no califican al crédito formal?
Fuentes pone como ejemplo a una vendedora ambulante que, ante una emergencia médica, necesita S/500. Un banco le pediría historial crediticio, boletas de pago y garantías, pero un prestamista informal solo le exige su DNI y la promesa de devolver S/600 en un mes. El costo real es una tasa de interés brutal (20% semanal o 800% anual), pero para quien no tiene otra salida, es eso o nada.
La consecuencia es doblemente peligrosa: se normaliza el crédito informal y se institucionaliza la violencia como forma de cobro. Según el IPE, el 35% de los morosos informales ha sido víctima de amenazas. En estos casos, los cobradores no envían cartas: aparecen en casa o en el trabajo para presionar por el pago.
Mientras tanto, el crédito informal mueve alrededor de S/1800 millones al año, más que las propias cajas rurales. Una situación que, como apunta Fuentes, refleja una política fallida basada en buena intención, pero mala economía.
El “gota a gota” no es solo una obligación económica; es una deuda con la seguridad y el bienestar de todos. Denunciar y prevenir es el primer paso para erradicar este flagelo que amenaza con extenderse aún más en Arequipa.
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