Escrito por: Annel Aguilar Zambrano
La extorsión es uno de los delitos más alarmantes en el Perú. Aunque las autoridades han logrado avances importantes, los obstáculos estructurales y tecnológicos siguen afectando la eficacia de la respuesta estatal.
Durante los meses de enero y febrero de 2025, la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a cuatro presuntos extorsionadores, quienes fueron recluidos en el penal de Socabaya, en Arequipa. Aunque esta cifra pueda parecer baja, los agentes subrayan que una sola captura puede beneficiar a decenas de víctimas.
“Cuando se detiene a un extorsionador, no solo se protege a una persona, sino a decenas. Generalmente, estos criminales atacan a múltiples víctimas. Con una sola intervención, se puede frenar una cadena completa de extorsión”, explicaron detectives de la División de Investigación Criminal (Divincri) que nos pudieron explicar el trabajo policial, pero sus nombres no pueden ser difundidos, porque son los que están detrás de las bandas criminales y deben proteger sus identidades.
El penal como centro de operaciones. El penal de Socabaya, donde se recluyen a los extorsionadores, también es uno de los focos del problema.
“En el penal de Socabaya no hay bloqueadores de señal y esto permite que los internos sigan cometiendo delitos desde sus celulares. En cada operativo encontramos teléfonos usados para extorsionar”, advierten.
Esta situación demuestra que, pese a los esfuerzos policiales, la tecnología sigue siendo un arma en manos del crimen, incluso tras las rejas.
La Divincri señaló que es indispensable trabajar junto a bancos, Osiptel, compañías telefónicas, proveedores de internet.
SILENCIO FORZADO: MIEDO A DENUNCIAR.
Una de las mayores barreras para combatir la extorsión es el silencio de las víctimas. Según datos de la PNP, alrededor del 60 % de las personas afectadas no presenta denuncia por temor a represalias.
Según el Poder Judicial, aunque al inicio se protege la identidad del denunciante, durante el juicio es obligatorio revelar su nombre. Los acusados tienen derecho a saber quién los acusa.
Este principio está respaldado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sancionó al Perú por el uso de jueces sin rostro en procesos por terrorismo. Sin embargo, en el contexto actual, este requisito legal disuade a muchas víctimas de buscar justicia.
COOPERACIÓN LIMITADA.
Otro problema que enfrentan las autoridades son los desafíos tecnológicos y legales.
Según el área de Robos y Extorsiones de la Divincri: “El Estado peruano no cuenta con convenios directos con empresas como Meta (dueña de WhatsApp, Facebook e Instagram) ni con Telegram, lo que dificulta obtener información para investigar”.
Además, aunque existen tecnologías avanzadas, como las que se utilizan en Israel, Perú requiere establecer convenios internacionales. Hackear redes sociales sin autorización podría causar conflictos diplomáticos, advirtieron.
Aunque se cuenta con algunos métodos de investigación avanzados, la policía debe mantener en reserva muchas de sus estrategias para evitar que los delincuentes se anticipen.
A pesar de las limitaciones, las autoridades insisten en la importancia de denunciar. La PNP habilitó la línea 054-605915, exclusiva para reportar casos de secuestro y extorsión.
“La denuncia es el primer paso para activar todo el sistema de investigación y captura. Sin ella, estamos atados de manos”, enfatizaron en la Divincri.
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