Una nueva contratación genera cuestionamientos en la Red Asistencial de Salud de Arequipa (Essalud), relacionada con el abogado Miguel Custodio Chañi, quien, días después de asumir la defensa particular de Ricardo Burgos Reyna, pasó a prestar servicios como locador en la oficina donde este último ocupa la jefatura de Asesoría Legal.

Como antecedente, el 18 de julio de 2026 se presentó una denuncia fiscal contra Burgos Reyna y el jefe de Recursos Humanos de Essalud, Jorge Segundo Rojas Chávez, por el presunto delito de abuso de autoridad. 
La investigación figura en la carpeta fiscal n.° 503-2026-5360.

Cuatro días después, el 22 de julio, ambos funcionarios informaron a la Sección de Investigación Policial de la comisaría de Santa Marta (Cercado) que el abogado que asumiría su defensa particular y recibiría las notificaciones vinculadas con la investigación sería Custodio Chañi.

NUEVO TRABAJO. Al iniciar agosto, el abogado comenzó a prestar servicios mediante una orden de servicio en la Oficina de Asesoría Legal de Essalud Arequipa, dependencia encabezada por Burgos Reyna. 
Entre sus funciones estaría atender los casos administrativos y judiciales que le sean asignados.

Diario Viral accedió además a una fotografía tomada el 27 de agosto en las instalaciones de Essalud, donde se observa a Custodio Chañi dentro de la Oficina de Asesoría Legal, realizando labores. 

La contratación por locación deberá ser evaluada conforme a las condiciones y procedimientos aplicables, así como a las funciones de cada servidor involucrado.

Este medio se comunicó con el área de Imagen Institucional para solicitar los descargos correspondientes, en reiteradas oportunidades desde el miércoles 2 de setiembre. 

También se buscó la versión del gerente de la red, Pedro Torres Eguiluz y del abogado Miguel Custodio, pero, hasta el cierre de esta nota, no se obtuvo respuesta para tener su contraparte.

ANÁLISIS LEGAL. El especialista en contrataciones con el Estado, Norberto Lajo Paredes, consideró que la situación debería ser revisada por los órganos de control.

Según explicó, correspondería determinar si existió un eventual conflicto de intereses y si los hechos podrían guardar relación con figuras como tráfico de influencias, peculado o negociación incompatible.

Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Arequipa, Jorge Sumari Buendía, indicó que, aunque existe libertad para ejercer una profesión, un abogado que pasa de defender particularmente a un funcionario a trabajar en una entidad financiada con recursos públicos debe actuar con especial cautela para evitar eventuales conflictos de intereses.

“Este caso se debe manejar con mucho cuidado y corresponde al Ministerio Público y Contraloría actuar de oficio. Se debe determinar si existió una especie de favor o reconocimiento de favores”, sostuvo.