Un terremoto en Arequipa sería fatal ante el incremento de la población en las zonas altas de la ciudad. Así lo informó el ingeniero geofísico de la Universidad Nacional San Agustín (UNSA), Víctor Aguilar Puruhuaya; quien relató que la falta de estudios de suelos adecuados y la invasión sin control en zonas no aptas para vivir expone a la ciudadanía a este tipo de sucesos.

Aguilar Puruhuaya explicó que los suelos en Arequipa tienen una composición demasiado variable. El especialista comentó que existen zonas en la ciudad con una consistencia muy suave; es decir, un sismo podría causar daños más pronunciados en estos sectores por el estado del suelo. Razón por la cual, el especialista relató que las municipalidades deberían elaborar un estudio de suelos para que las personas tengan conocimiento de los lugares donde pueden construir.

El estudio referido consiste en un listado de zonas donde persiste un suelo más duro para realizar las construcciones que la población requiera. Asimismo, el especialista explicó que el único municipio que elaboró dicho análisis fue Sachaca, pero en el año 2006; es decir, hace 20 años que no se elabora un documento de esta magnitud.

Cabe señalar que la continua ocupación de zonas no aptas para vivir -como los sectores aledaños a las torrenteras, por ejemplo- complican la situación. El especialista relató que las personas que se ubican en las zonas altas de la ciudad se ven perjudicadas debido a que sus viviendas podrían sufrir colapsos ante un posible terremoto en la ciudad.

De acuerdo a un estudio elaborado por especialistas de la UNSA en el año 2012, la ciudad tiene un 20 % de suelos que se verían gravemente perjudicados ante un posible terremoto, lo cual equivale a cerca de 4379 hectáreas. Dichos sectores se ubican en Miraflores, Mariano Melgar, Paucarpata, Cayma, Socabaya y Jacobo D. Hunter. Esto debió evitarse a través de la realización del estudio de suelos respectivo por parte de las municipalidades.

DELITO. Aguilar Puruhuaya también precisó que la falta del estudio de suelos podría significar denuncias contra los alcaldes y sus funcionarios por los presuntos delitos de Omisión de funciones y Exposición al peligro. Esto último se debe a que -según el ingeniero- dicho documento debe estar incluido en el plan de riesgos.