El 90 % de las investigaciones de la Policía Nacional del Perú son confirmadas gracias a los videos de las cámaras de seguridad, resaltando la utilidad de estos equipos. Este dato lo dio a conocer el mayor PNP Pablo Lozano. Sin embargo, en la región de Arequipa, la mayoría de las municipalidades no tienen videocámaras de vigilancia distribuidas en todos los sectores. En caso de tenerlas, están desfasadas, malogradas y son muy antiguas. Este problema ocasiona una dificultad en la investigación, ya que al visualizar las imágenes de las cámaras no ayudan en el peritaje.
INVESTIGACIÓN. La Policía no espera a que haya denuncias para investigar, señaló el especialista de la Policía. Los investigadores policiales, por propia iniciativa, inician las diligencias, como lo señala el Código Procesal Penal.
“Solicitamos al Ministerio Público o alguna de las fiscalías especializadas la apertura de una carpeta fiscal; puede ser por corrupción de funcionarios, trata de personas, sicariato, extorsiones o por cualquier delito grave. Nosotros, al iniciar estas investigaciones, no damos a conocer el nombre de una persona, porque estas investigaciones nacen secretas”, indicó el mayor PNP Solano, recalcando que mientras menos personas estén enteradas de la investigación, hay mayores probabilidades de éxito.
VICISITUDES. En la región de Arequipa, la Policía afronta varias dificultades en una investigación para resolver los casos. Muy aparte de las cámaras de videovigilancia, en la región no hay un juzgado especializado en crimen organizado. “Es ahí donde nace nuestro primer problema, pero lo podemos superar, pero es mejor tener varios aportes”, manifestó Lozano.
Al respecto la Policía hizo una solicitud ya que no hay un juez especializado en Arequipa.
Además, se denunció la falta de sensibilidad en quienes forman parte del proceso. A pesar de que la norma indica que deben apoyar en la investigación, no lo hacen, refiere el especialista de la Policía. Explicó, además, que los municipios no entregan fácilmente información de sus cámaras debido a trámites burocráticos, y si el dueño de las cámaras es una persona, la demora es aun mayor.
“El trámite burocrático genera una demora y dificulta la investigación”, señaló Lozano.
Cada año la Policía realiza hasta 8 megaoperativos a organizaciones criminales detectadas y las investigaciones pueden durar de 8 hasta 12 meses, finalizó el especialista.
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