La violencia contra las personas LGBT no siempre ocurre en las calles ni deja heridas visibles.
Según activistas arequipeños, muchas veces comienza dentro del hogar, con el rechazo familiar, la expulsión de casa o los intentos por obligar a una persona a ocultar quién es.
Entre 2020 y 2023 se registraron 54 asesinatos de personas de esta comunidad en el país, siendo las mujeres trans el grupo más afectado, según un informe del Observatorio de Derechos Humanos TLGBI de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.
Por otro lado, Promsex indicó se registraron al menos 26 homicidios entre 2023 y 2024 contra la comunidad LGBT, identificando patrones de violencia persistente contra personas de la diversidad sexual y de género, especialmente mujeres trans y hombres gays.
VULNERACIÓN. Un caso emblemático a nivel nacional es el de Azul Rojas Marín, una mujer trans que fue detenida injustamente y violada por policías en 2008. Pese a las evidencias médicas, la justicia peruana desestimó y archivó su caso.
Azul acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2020 declararon al Estado peruano como responsable por la violación de sus derechos, y por tortura sexual discriminatoria.
Esto obligó al Estado a pedir disculpas públicas a la víctima en 2022, y recién en diciembre de 2025, finalmente dictaron 17 años de cárcel a los tres expolicías culpables.
En Arequipa, en marzo de 2026, se logró una sentencia contra una mujer que agredió física y psicológicamente a su hija de 17 años por identificarse como una mujer trans.
La adolescente fue golpeada, humillada y constantemente llamada por su nombre biológico pese a haber expresado su identidad de género.
MIEDO A DENUNCIAR. Para Carolina Andia Carreón, mujer trans arequipeña, uno de los principales problemas es que las víctimas ni siquiera confían en las instituciones que deben protegerlas.
Relata que existe temor de acudir a una comisaría debido a experiencias de burla y prejuicios por parte de efectivos y funcionarios, causando que muchas agresiones nunca lleguen a denunciarse y permanezcan invisibles.
La activista trans Ana Flavia Chávez considera que el rechazo familiar continúa siendo una de las formas de violencia más frecuentes.
Explica que por ello nació la Casa de la Diversidad, un espacio de acogida para personas LGBT que fueron expulsadas de sus hogares o quedaron en situación de vulnerabilidad.
Durante los últimos años, el albergue ha recibido a jóvenes provenientes de Arequipa y otras regiones del sur del país, sin apoyo familiar ni recursos para sostenerse por su cuenta.
TERAPIAS FALSAS. Otra forma de violencia menos visible es la llamada “terapia de conversión”.
La abogada Zoraida Sonco explica que, aunque diversos organismos internacionales han cuestionado estas prácticas, actualmente no existe una prohibición específica en el Perú.
Según indica, durante años algunas personas fueron sometidas a tratamientos que pretendían modificar su orientación sexual o identidad de género bajo la idea equivocada de que se trataba de una enfermedad.
El psicólogo Julio César Abarca advierte que estas intervenciones, la sensación de rechazo, la culpa, la vergüenza y la idea de que existe algo “incorrecto” en la propia identidad pueden afectar gravemente la autoestima y la salud mental de quienes las experimentan.
TRAGEDIAS. Las organizaciones de derechos humanos advierten que la violencia contra la población LGBT no se limita a agresiones físicas o verbales, sino que puede llegar a crímenes.
Un informe publicado en 2025 por Promsex documentó asesinatos, agresiones y múltiples vulneraciones de derechos contra personas LGBT en el país, como extorsión, secuestros, sicariato o ejecuciones a quemarropa como amenaza a su comunidad.
Según el documento, del total de los 26 homicidios registrados entre 2023 y 2024, ninguna sentencia tiene como agravante la discriminación basada en orientación sexual o identidad de género, contribuyendo a la impunidad en todos los casos, de los cuales uno ocurrió en Arequipa.
