El golpe fallido de Estado que hizo el expresidente Pedro Castillo, el 7 de diciembre, ha sumergido al Perú en una de sus peores crisis que hasta la fecha cobró la vida de 22 peruanos e incalculables pérdidas económicas. Según la Defensoría del Pueblo, 17 ciudadanos fallecieron en enfrentamientos con policías y militares, las otras cinco personas por accidentes de tránsito y hechos vinculados a bloqueos de vías.
Mientras, el reporte del Ministerio de Salud hasta el viernes último: seis personas fallecieron en Apurímac, una en Arequipa, tres en La Libertad, una en Cusco, una en Junín y ocho en Ayacucho, todavía no tenía identificación de los últimos dos fallecimientos.
El preámbulo ha sido una secuencia de sucesos donde siempre estuvo inmerso Castillo, quien en poco más de un año de mandato, tuvo cinco gabinetes y casi 80 ministros. Pero, además está denunciado principalmente por tres casos de presunta corrupción en su Gobierno (tiene una denuncia adicional por obstrucción a la justicia): Petro-Perú (carpeta fiscal 251-2021), MTC-Provías (carpeta fiscal 64-2022) y Ministerio de Vivienda (carpeta fiscal 170-2022).
Por estos tres casos, se le atribuyen los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y complicidad de colusión.
El desenlace de su mandato fue el 7 de diciembre cuando el entonces presidente tenía que asistir al Congreso para defenderse ante la tercera moción de vacancia presidencial en su contra por una supuesta incapacidad moral.
Pero, sucedió lo que trascendió en los medios de comunicación y negó durante una semana, dio un gope de Estado.
“Se disuelve temporalmente el Congreso de la República y se instaura un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses”, dijo durante su mensaje a la nación.
Luego se generaría una secuencia de sucesos que han sumergido al país en actos de violencia, atentados contra la propiedad privada, bloqueo de carreteras, pérdidas de vidas, entre otros que llevaron a la declaratoria de emergencia en varias regiones del país donde se desbordó la violencia.
PRESENCIA DE LA IZQUIERDA
Los analistas coinciden que todo lo que sucede podría ser una estrategía de los grupos políticos de izquierda que buscan aprovechar la convulsión social a fin de canalizar sus aspiraciones de tener el poder absoluto del país convirtiéndolo en una nación similar a Venezuela.
Para el politólogo Carlos Timaná Kure lo que busca la izquierda es cerrar el Congreso y así conseguir su tan ansiado propósito de convocar a una Asamblea Constituyente, un panorama nada alentador.
“Yo creo que trataron de generar toda esta crisis generando el golpe de Estado para tratar de generar el caos de donde sacar réditos. La tesis de la Fiscalía es que Pedro Castillo era el jefe de una organización criminal, pero detrás del golpe de Estado estaba alguien más tratando de orquestarlo y él simplemente siguió las indicaciones”, analizó.
Pero, todo ello ya se venía venir ya que según Timaná Kure, los últimos seis meses el mensaje del Ejecutivo ha sido el mismo en el sentido que se cierre el Congreso. El no haber asistido a la citación del Parlamento el día que dio el discurso de golpe de Estado no tendría una razón de ser, según el politólogo, puesto que era evidente que los congresistas no lograrían su objetivo porque si tomamos como un precedente la ultima moción de censura de los ministros no progresó por la falta de votos.
Finalmente, recomendó que se hagan reformas políticas para tener un espacio distinto, tarea que no quiere hacer la izquierda que se ha centralizado en conseguir el cambio de la Constitución.
“El momento que ellos están buscando en el posconstitucional es lo que hizo Chávez, ya que en ese momento los que gobernaban la asamblea decidieron darle al presidente de turno todas las facultades para disponer todos los cargos del Estado. Nos están llevando a una receta que produce desolación, pérdida de empleo y miseria”, explicó recomendando a las fuerzas vivas del país que promuevan la democracia porque se podría perder como en Venezuela.
PROTESTAS CONFUSAS
El sociólogo Walter Salas comenzó su análisis aclarando que las protestas sociales se dan cuando un sector de la población no está de acuerdo en un determinado tema y lo expresan saliendo a las calles, pero es muy diferente el ataque que se ha realizado a entidades públicas y privadas.
“La autoría de esto está en función de lo que sucede en coyuntura, el culpable de todo esto, y no se dice y hay que decirlo, es el expresidente Pedro Castillo que es el que genera todo esto, y cuando hablamos de él, se incluye su soporte político que son los congresistas que son los que están cerca de él”, aclaró.
Sobre los excesos suscitados en varias regiones del país, indicó que habría presencia de colectivos violentistas, comparándolo con los actos de la subversión de los años 80 donde atentaban contra los aeropuertos y atacaban las hidroeléctricas. “Lo que tiene que hacer ahora la presidenta Dina Boluarte es hacer prevalecer el principio de autoridad”, remarcó.
POCA ORGANIZACIÓN
Las protestas cada día se intensificaron, sin embargo la falta de organización y la inexistencia de líderes provocaron que las marchas no fueran contundentes, según el sociólogo José Ramos Salinas.
“Nuestro país está fragmentado. Mientras que el Congreso no nos representa al igual que el Ejecutivo, en las calles hay caos porque nadie lidera, nadie pone orden”, sostuvo.
Según el especialista, las electas autoridades deberían tomar ese liderazgo, pronunciarse y no ser ajenos a la crisis política.
“De todas las nuevas autoridades que tenemos son contados los que apoyaron o al menos se pronunciaron. Deberían ser todos en conjunto. También guiar a la población, ser líderes”, enfatizó Ramos.
La consecuencia de ello, según el sociólogo, es que las autoridades dan la espalda al pedido de la población y tienen el pretexto de defenderse diciendo que los que marchan son “terrucos” o “pertenecen al Movadef”.
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