Según la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), Lorena Jesús Carazas Cáceres es la representante legal de Depósito Santa Beatriz EIRL, una de las tantas empresas que fue beneficiada con 12 onerosos contratos de compra y dos procesos de selección dentro del Gobierno Regional de Arequipa (GRA). Desde enero del 2023 a la fecha, sus servicios superan los S/490 876 en la entidad liderada por Rohel Sánchez Sánchez.
Una investigación de Diario Viral reveló que la suerte de la citada empresaria habría iniciado cuando fue compañera de labor de Sánchez Sánchez al ser rector de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) del 2016 al 2021.
El portal de Transparencia de la casa de estudios, actualizado a mayo del 2022, señala que en tiempo de pandemia, Carazas Cáceres era secretaria del Rectorado al tener puesto de administrativa nombrada. Allí nace el contacto con el ahora titular del GRA.
Existe cercanía con el gobernador de Arequipa y como detalle adicional, dicha contigüidad se observa en las redes sociales de la dueña de Santa Beatriz EIRL, al tener como amigos en común a Sánchez Sánchez, Luz Marina Zeballos (esposa de Rohel Sánchez), Herbert Fuentes (asistente y asesor de gobernación) e Ysolina Berroa (administradora del GRA). Hecho que resulta curioso en un proveedor que tendría ganar procesos mediante concursos o postulaciones en la “casilla electrónica”.
Cabe indicar que Lorena Carazas consiguió personería jurídica dentro de la dichosa empresa recién en octubre del 2020. Su actividad es la venta de materiales de construcción y artículos de ferretería. Además como actividad secundaria tiene la venta de prendas de vestir, giro diferenciado, pero aprobado al ser del estilo de la actual gestión del GRA.
La mayoría de contratos fue por la venta de tubería, lámparas led, herramientas para construcción, ladrillos, adquisición de EPP, insumos de confección de puertas de madera, tubería PVC, etc.
RESPONDEN. Nos comunicamos con el contacto registrado del postor en su ficha de declaración jurada presentada al GRA a fin de conocer como consiguieron los afortunados contratos, nos contestó José Moscoso Revilla, quien informó ser el administrador de Santa Beatriz EIRL. Reconoció haber trabajado varias veces con el GRA mediante la plataforma de Perú Compras.
“Claro, el año pasado contratamos unas cuatro veces por el catálogo electrónico, ellos cuelgan en el internet en Seace, vemos y participamos. Tenemos creado nuestro RUC desde el 2006. No sabría (respuesta ante pregunta si la dueña conoce a Rohel Sánchez), ella (Lorena Carazas) es nuestra gerente pero no sé si estuvo en la UNSA”, indicó.
IRREGULARIDAD. Sorprendentemente, quien contestó nuestra llamada (José Moscoso) es pareja de Rosa Carazas Cáceres (hermana de Lorena Carazas), ambos tienen un hija de nombre Ana Dorelly Moscoso Carazas, quien a marzo del 2024 se desempeñaba como secretaria de gobernación en el GRA en la modalidad de trabajadora decreto legislativo 276, así lo muestra la resolución de administración n.° 0429 firmada por el exadministrador, Aldo Enríquez. Es decir, que el padre y la tía de la citada servidora que labora en el entorno del despacho de Rohel Sánchez, son quienes recibían los contratos, quedando todo este negocio en familia.
Intentamos comunicarnos mediante llamadas con la gerenta general del GRA, Norma Mamani Coila y el jefe de Logística, Erick Apaza Palo a fin que expliquen las coicidencias en los procesos y licitaciones ganadas por la empresa Depósito Santa Beatriz, pero no atendieron nuestra solicitud. Además al administrador José Moscoso aseguró nos contactaría con la empresaria Carazas, pero hasta el cierre de nuestra edición no hubo respuestas.
Direccionamiento y conflicto de intereses en Gobierno Regional de Arequipa
Para el abogado y especialista en contrataciones públicas, Jorge Sumari Buendía, este hecho es un claro ejemplo de un conflicto de intereses al identificar a una servidora pública -sea la modalidad contractual o área- en una injerencia en la contratación de una empresa que tiene como propietarios a su tía y padre. Esto afecta al principio de la legalidad y transparencia en la Ley de Contrataciones con el Estado.
“Fuera de la relación política de que la dueña trabajó en la universidad, hay conflicto de interés frente a los demás proveedores, porque salta el interés público sobre cómo se manejó estos contratos o si hubo algún grado de participación de la servidora”, indicó.
El letrado sostuvo que este hecho es causal de una investigación por parte del Consejo Regional de Arequipa (CRA), la Contraloría General de la República y el Ministerio Público, al no descartarse un presunto delito de tráfico de influencias en el direccionamiento a la empresa Santa Beatriz donde quedó demostrado la cercanía de la dueña Lorena Carazas con los titulares del GRA y al presentar una familiar en una oficina de vital importancia. “Hay una ventaja contractual”, señaló.
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