El reglamento vigente sobre propaganda electoral y neutralidad, aprobado en marzo de 2025, se enfoca principalmente en la fiscalización de publicidad contratada en medios tradicionales, mientras que la ONPE administra la franja electoral en TV, radio y algunos espacios digitales. No obstante, en un contexto dominado por plataformas en línea, no existe una regulación clara que supervise el uso de inteligencia artificial, capaz de generar videos, audios e imágenes altamente realistas. Esta ausencia normativa deja abierta la posibilidad de un empleo inmoral y no fiscalizado de la IA durante el proceso electoral de 2026, creando un vacío legal que amenaza la transparencia y la integridad de los comicios.
Ante este vacío normativo, el analista político Mario Berrios Espezúa ha levantado una seria alerta. La falta de una fiscalización adecuada no es casualidad, sino que fue impulsada por los mismos actores que deberían fiscalizarla: los parlamentarios. Muchos de estos congresistas buscarán su reelección y, según su perspectiva, podrían ser los principales beneficiados de estas herramientas.
“No les conviene a los actuales congresistas fiscalizar de forma tan detallada el proceso electoral, porque muchos de ellos buscan ser reelegidos y usarán todos los medios posibles; los videos, audios, imágenes creadas con inteligencia artificial para lograr su reelección. Esto dará inicio a una guerra inmoral por parte de los 37 partidos para llegar al poder”, enfatizó.
Esta preocupación cobra fuerza al recordar antecedentes internacionales. La reciente campaña presidencial en Estados Unidos (que incluyó las candidaturas de Donald Trump y Kamala Harris) estuvo marcada por una “explosión” de noticias falsas y contenido generado por IA, como audios y fotos falsas, diseminados por presuntos sitios prorrusos y otros actores. Estos casos subrayan cómo la IA puede ser instrumentalizada para la desinformación masiva y la manipulación de la opinión pública.
Las advertencias sobre el peligro de la IA en procesos electorales no son nuevas en Perú. A pesar de que el reglamento para los comicios de 2026 fue promulgado en marzo de 2025, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ya había recibido alertas previas.
El 27 de agosto de 2024 ocurrió en una entrevista difundida por las páginas de redes sociales del JNE. El abogado experto en derecho digital, Erick Iriarte Ahon, enfatizó la urgencia de establecer reglas claras para el uso de la inteligencia artificial.
“La información que va a comenzar a ocurrir en redes sociales en el proceso de la campaña… puede mal utilizar la inteligencia artificial para afectar a determinados candidatos o determinadas posiciones”, señaló.
En un contraste de posturas, el analista Mario Berrios Espezúa sostiene que, más allá de la necesidad de establecer una normativa que sancione el abuso y uso indebido de la IA, debería primar la moral y ética de los aspirantes que se presentarán a las Elecciones Generales 2026, sin la necesidad de una norma punitiva.
La inacción de la clase política, señalada por Berrios, se convierte en un riesgo para la democracia al permitir que la tecnología se use con fines inmorales sin un control efectivo. Mientras que el especialista Iriarte Ahon, exige una regulación urgente para proteger la voluntad popular de la manipulación digital. La falta de límites explícitos en el reglamento de 2025 genera un ambiente propicio para una campaña de desinformación sin precedentes, donde la ética personal de los candidatos será la única, y frágil barrera contra el engaño masivo.
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