Arequipa. Si un menor es abandonado o su propia familia pone en riesgo su vida, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), a través de la Unidad de Protección Especial, dicta una medida de protección, siendo la más urgente, que la víctima tenga un acogimiento residencial, es decir, sea llevado a un albergue. En Arequipa hay 19 centros de acogida residencial (CAR); sin embargo, solo nueve de ellos cuenta con acreditación.
Es decir, los menores están expuestos a malos tratos o agresiones sexuales como en el caso del niño que fue ultrajado en el albergue Los Obedientes (Characato).
La acreditación del CAR es fundamental para que se haga un seguimiento, supervisión, fiscalización al recinto y saber que el menor está en las condiciones adecuadas.
Dentro de los requisitos a los CAR acreditados es que cuenten con profesionales y especialistas según el perfil de la niña, niño y adolescente. Sin embargo, la formalidad tiene un precio costoso para aquellos que acogen a los menores. El coordinador general de San Aníbal Di Francia, Luis Miranda, señaló que ellos no renovaron la acreditación porque no tienen recursos para gastar en luces de emergencias y otros temas de infraestructura que pide el Estado. Su prioridad son las necesidades básicas (alimentación y salud). Además refirió que solo les falta eso y cumplen con todo lo demás.
El último reporte de la Defensoría del Pueblo, en una visita a los otros centros de acogimiento, constató deficiencias, como el déficit de cuidadores y el exceso de menores. Sin embargo, lo peor es que no cuentan con los psicólogos necesarios que son imprescindibles para brindar el soporte emocional a los menores.
A esto se suma, la supervisión que hizo el MIMP, donde detallaron que no se tienen profesionales completos (abogados, tutores cuidadores, trabajadores o trabajadoras sociales, psicólogos).
Ambas instituciones evidencian graves problemas que pueden desencadenar en situaciones trágicas.
El jefe de la Oficina Defensorial de Arequipa, Ángel Manrique, denunció una dejadez de los CAR al no acreditarse o no renovar ello. Sin embargo, Miranda señala que la desidia viene desde el Estado que olvida a aquella población vulnerable al no brindarle mejoras en sus principales necesidades y solo dejar al menor en los albergues.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
