Hoy en manos del Congreso se tiene la suerte de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Los legisladores debatirán el informe final de la Comisión Permanente que recomienda inhabilitar por diez años a los integrantes del órgano de la magistratura por infracción a la Constitución y todo hace indicar que en el pleno las cosas están dichas.
La guerra está declarada entre el Poder Legislativo y la JNJ. Luego de fracasar el primer intento por traerla abajo, ahora parece que sí tendrán éxito para acabar con esta institución encargada de la designación de los jueces y magistrados a nivel nacional. Recordamos además que la JNJ surgió en reemplazo del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) ante una serie de denuncias por negociaciones bajo la mesa en este último organismo.
Esta medida (la inhabilitación) se suma a otra polémica aprobada el último miércoles en el Legislativo como fue el retorno a la bicameralidad y la reelección congresal. La aprobación de este proyecto dejó a los parlamentarios saltando con un pie. Llama la atención la celeridad con la que se avanza en normas como estas y no en otros proyectos tan igual o más importantes para el país. Basta recordar lo sucedido con el debate por la implementación de los octógonos en los envases para indicar el contenido de azúcar, ello demoró en concretarse más de 4 meses entre la aprobación en comisión hasta su pase al pleno, una cifra mucho mayor en comparación a los días de la inhabilitación.
Los congresistas, por priorizar la salida de la JNJ, también están dejando de lado otras preocupaciones. Debemos considerar por ejemplo buscar alguna salida ante la aprobación de la ley que respalda la depredación de la Amazonía. Habría que preguntar ¿cuánto más poder tiene el Congreso? Ya sacaron a ministros durante el presente Gobierno y cada vez menos se cuenta con la sacrificada tarea de legislar para todos en lugar de sus intereses.
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