Por fin cifras sobre la minería no formal fueron presentadas y dan cuenta que esta actividad genera un movimiento de US$4 mil millones anuales con la extracción de más de 2 millones 207 mil onzas de oro que representan el 39.3 % de la producción nacional y que en su mayoría es trasladada por la frontera como contrabando a Bolivia.
El estudio fue realizado por la consultora V & C por encargo de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE) y fue presentado por Dante Vera en Perumin quien consideró que las conclusiones del trabajo evidencian que el oro peruano ingresa al vecino país mediante contrabando, situación que se evidencia en que el vecino país eleve sus exportaciones en los últimos años en 43 %, data que se contradice con su producción formal registrada. Precisó que “Con estos datos podemos concluir que el Perú podría elevar sus exportaciones en esa proporción de no ser por la actividad ilegal minera”.
Vera durante su intervención en el debate sobre “Panorama y desafíos para afrontar la minería ilegal e informal” en Perumin 36 consideró que las operaciones no formales generan una pérdida de S/23 millones 760 mil al año, que representa el 2.5 % del Producto Bruto Interno (PBI) y detalló que, en el país, hay alrededor de 200 mil mineros no formales (informales e ilegales) de los cuales 87 771 se encuentran inscritos en el REINFO (Registro Integral de Formalización Minera).
Advirtió que, de estos, solo 25 087 cumplen los trámites para lograr su formalización, mientras que el resto (71 %) suspendieron el proceso, pese a ello gozan de “impunidad” debido a que solo por el hecho de por estar registrados no pueden ser procesados aun cuando estén realizando actividades al margen de la ley.
Asimismo, Vera puntualizó que el proceso de formalización de la minería ilegal en el Perú, iniciado hace 20 años, el gobierno solo ha logrado legalizar a 11 101 y esto representa un fracaso.
ZONAS. En cuanto a las zonas donde hay mayor presencia de minería informal, el estudio considera que existen 18 distritos y provincias con mayor riesgo por la actividad y son: Condorcanqui, Ayabaca y San Ignacio en la Amazonía, además de las provincias fronterizas ubicadas en Loreto, así como Atalaya, Puerto Inca y Oxapampa (Selva Central), Nazca, Palpa, Camaná y Caravelí (Sur medio), Madre de Dios, Puno; Pataz, Sánchez Carrión, Otuzco, Santiago de Chuco, Cajabamba y San Marcos (cinturón minero del Norte).
Finalmente planteó que corresponde al gobierno, una vez concluya el plazo de formalización (diciembre de 2024), aborde estrategias para la recuperación del control estatal en zonas con minería no formal.
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