El Gobierno oficializó el 6 de diciembre, el reglamento de la Ley Nº 31339, marcando el inicio de una nueva etapa para la industrialización del sector agropecuario. Con el Decreto Supremo N.º 019-2025-Midagri, firmado por el presidente José Jerí y los ministros Denisse Miralles y Vladimir Cuno, el país establece un marco estratégico destinado a diversificar la economía agraria, agregar valor a la producción y consolidar nuevas fuentes de crecimiento sostenible.
El Midagri será la entidad rectora del proceso y tendrá a su cargo la implementación del reglamento en coordinación con gobiernos regionales y locales. La normativa se aplicará a todos los actores de la agricultura familiar y del sector agroindustrial. La apuesta es clara: sofisticar la producción, generar empleo formal, reducir la dependencia de materias primas y fortalecer la competitividad del agro peruano, especialmente en las zonas rurales donde se concentra la mayor brecha productiva.
Uno de los ejes centrales del reglamento es la creación del Plan Nacional de Competitividad Agroindustrial (Compeagro), instrumento que deberá elaborarse en un plazo máximo de 180 días. Este plan trazará diagnósticos regionales, cadenas de valor prioritarias, proyectos estratégicos y mecanismos de monitoreo que permitan orientar políticas hacia los territorios con mayor potencial. Una vez concluido, será sometido a aprobación mediante Resolución Suprema con acuerdo del Consejo de Ministros.
El reglamento también ordena el desarrollo del Mapa de Desarrollo Económico Agroindustrial, herramienta que permitirá identificar dinámicas productivas por departamento y guiar inversiones públicas y privadas bajo criterios de sostenibilidad, innovación y competitividad. Para ello, el Midagri integrará información satelital, catastral y estadística, articulando esfuerzos con entidades estatales y gobiernos regionales. A su vez, COFIDE facilitará líneas de financiamiento favorables para impulsar la industrialización sin requerir recursos adicionales del Tesoro Público.
La norma resalta el rol central de la agricultura familiar, definiéndola como prioridad nacional para elevar la productividad y generar empleo. Asimismo, incorpora lineamientos de sostenibilidad ambiental coordinados con el Ministerio del Ambiente, además de asegurar procesos de participación ciudadana y consulta a pueblos indígenas. Su implementación se realizará con los presupuestos institucionales existentes y su publicación digital busca garantizar acceso transparente para productores, inversionistas y ciudadanos. Con ello, el país apunta a posicionar al agro como un motor de competitividad regional y desarrollo económico sostenible.
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