La nueva Ley de Minería Artesanal y Pequeña Minería (Ley MAPE) solo le cambiará el nombre al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que debería finalizar el 31 de diciembre de este año, para prolongar el fracasado proceso de formalización minera. Eso se desprende del proyecto enviado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) al Congreso.

El Observatorio de Minería Ilegal (OMI) había advertido que el nuevo mecanismo se llamará “Régimen de consolidación”. La Ley MAPE precisa que este régimen iniciará el 1 de enero de 2027 y permitirá a los mineros inscritos seguir operando hasta el 30 de junio de 2028.

“Durante dicho periodo, las personas incorporadas conforme a esta ley pueden culminar su formalización. La conclusión del proceso de formalización minera integral no extingue los procedimientos en trámite, ni afecta la validez y eficacia de los actos administrativos emitidos o las actuaciones realizadas durante su vigencia”, se lee en la ley.

El abogado especialista del OMI, César Ipenza, consideró que la propuesta del Gobierno “es una ampliación encubierta del Reinfo, pese a que, claramente, este proceso de formalización se sigue perpetuando. Aunque digan que están cerrando el Reinfo, esa no es la realidad”.

Además, el OMI expresó su preocupación por que la propuesta del Ejecutivo se elaboró sin escuchar a todos los actores involucrados. Aunque el proyecto de ley exige en papel que los mineros se adecúen a instrumentos de gestión ambiental, en la práctica les otorga un periodo de gracia para seguir operando mientras tramitan sus permisos, sin garantías claras de fiscalización.

A esto se suma que el proyecto de ley es una norma marco. Aspectos críticos para el control de la actividad, como las reglas específicas para la adquisición, almacenamiento y uso de explosivos, así como la adecuación normativa de entidades como el OEFA o la Sunafil, no están detallados en el texto. La ley delega estas decisiones a un reglamento que el Poder Ejecutivo aprobará en un plazo de 120 días calendario contados desde su publicación. 

FORMAPE E INCENTIVOS. EL OMI también había mostrado su preocupación por la creación del Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Minería Artesanal y Pequeña Minería (Formape). Según el OMI, este organismo podría institucionalizar la informalidad minera en lugar de resolverla. Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno Huamaní, explicó que promoverá mejores estándares operativos, buenas prácticas laborales e innovación tecnológica, además de encargarse de la trazabilidad.

El proyecto incluye un artículo que otorga incentivos tributarios a los titulares de concesiones mineras. Si alquilan sus tierras a mineros informales mediante contratos de explotación por tres años, el Estado les condona el pago de penalidades y les reduce el derecho de vigencia. 
Contiene también una disposición complementaria que señala que el Minem podrá reservar temporalmente las áreas de concesiones mineras extinguidas que coincidan con las zonas declaradas por los mineros del régimen de consolidación. Durante un año, solo esos mineros podrán solicitar esas áreas para continuar operando.

PLANTAS DE BENEFICIO Y RESPONSABILIDAD PENAL. Una tercera preocupación del OMI es lo que ocurre con las plantas de beneficio. El proyecto de ley establece que las plantas que procesen más de 25 toneladas métricas por día serán fiscalizadas por el OEFA, Osinergmin y Sunafil por 5 años. 

Sin embargo, esto deja en un limbo a las plantas más pequeñas, que son uno de los eslabones clave en el procesamiento y lavado de oro ilegal, y que quedarían a merced de la capacidad del nuevo Formape.

La última observación se refiere a la permanencia de la exención de responsabilidad penal para los mineros inscritos en el Reinfo que contaminen, pese a que el Tribunal Constitucional dispuso que deberían responder por eso en la vía penal. El proyecto de ley es totalmente omiso en este punto.

"Yo no creo que ponerle fin a la minería informal consista en crear un nuevo proceso de formalización porque seguiremos en situación de impunidad. No es que el proceso de formalización empezó el año pasado, lleva 23 años, y muchos mineros no tienen ni van a tener las condiciones (para operar), sino simplemente se perpetuará la informalidad o la ilegalidad disfrazada de informalidad", advirtió César Ipenza.