El Perú enfrenta una severa crisis energética tras la deflagración registrada en el ducto del proyecto Camisea, ubicado en la selva de Cusco y operado por la empresa Transportadora de Gas del Perú. El incidente ha reducido de forma drástica el suministro de gas natural y paralizado el transporte de líquidos de gas natural (LGN), insumo clave para producir Gas Licuado de Petróleo (GLP), combustible utilizado en millones de hogares y vehículos del país. La situación ocurre además en un contexto internacional complejo por el aumento del precio del petróleo, que supera los 82 dólares por barril debido al conflicto en Medio Oriente.
El exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, explicó que el impacto es directo en el abastecimiento nacional. “El 70% del GLP que consume el Perú viene de Camisea y ese 70% está cortado”, advirtió, señalando que la interrupción del ducto ha alterado toda la cadena de suministro. Actualmente, el sistema transporta apenas una fracción del volumen habitual de gas natural, lo que también afecta la generación eléctrica, que depende en cerca del 40% de este recurso.
La crisis ya comienza a sentirse en el mercado del gas doméstico. Abel Camasca, presidente de la Asociación de Plantas Envasadoras de Gas, confirmó que el racionamiento se inició en el terminal de Pisco. “Ya comenzó un racionamiento y los tiempos de despacho se han alargado; una cisterna que antes cargaba en 14 horas ahora puede tardar entre dos y tres días”, indicó. Aunque existen reservas para aproximadamente 15 días, los especialistas advierten que el abastecimiento dependerá en gran medida de importaciones, lo que podría provocar un incremento en el precio del balón de gas.
El impacto también se extiende al transporte y la industria. Según estimaciones del economista Jorge Manco Zaconetti, miles de conductores se verán obligados a cambiar de gas natural a gasolina, triplicando sus costos diarios. “Un taxista que gastaba 20 soles en GNV podría gastar hasta 70 soles en gasolina”, explicó Herrera Descalzi. Mientras tanto, el Gobierno ha priorizado el suministro para hogares y servicios esenciales, pero expertos advierten que el país necesita diversificar su infraestructura energética para evitar que una sola falla vuelva a generar una crisis de esta magnitud.
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