Con el objetivo de asegurar una segunda vuelta electoral segura y transparente, la Defensoría del Pueblo suscribió un acuerdo de cooperación con el Ministerio Público que permitirá el despliegue de más de 7000 fiscales a nivel nacional durante las elecciones del próximo 7 de junio. La medida busca fortalecer la vigilancia del proceso y evitar irregularidades que puedan afectar el normal desarrollo de la jornada democrática.

El anuncio fue realizado por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, quien destacó la importancia del trabajo coordinado entre las instituciones del Estado para garantizar el respeto al voto ciudadano y prevenir la comisión de delitos electorales.

Según explicó, este amplio contingente fiscal tendrá presencia en distintas regiones del país y actuará antes, durante y después de la jornada electoral.

Más de 7000 fiscales supervisarán el proceso

Como parte de la estrategia, el Ministerio Público movilizará fiscales de prevención del delito, fiscales penales y fiscales especializados que estarán atentos a cualquier incidente que pueda afectar el desarrollo de las elecciones.

La labor de estos funcionarios incluirá la supervisión del traslado y distribución del material electoral, la vigilancia en los locales de votación y la atención inmediata ante posibles delitos como suplantación de identidad, destrucción de material electoral, propaganda indebida o alteración del orden público.

Además, la cobertura fiscal permitirá acompañar el trabajo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas encargadas de resguardar la seguridad durante los comicios.

Defensoría implementará monitoreo permanente

La Defensoría del Pueblo informó que también pondrá en marcha un sistema de monitoreo minuto a minuto para seguir el desarrollo de las elecciones en tiempo real. Esta herramienta permitirá reportar incidencias y coordinar respuestas rápidas ante cualquier eventualidad.

Asimismo, se contará con el apoyo de organismos de observación nacional e internacional, entre ellos misiones especializadas que supervisarán el cumplimiento de las garantías democráticas durante la segunda vuelta.

Las autoridades esperan que estas acciones contribuyan a fortalecer la confianza de la ciudadanía en el proceso electoral y reduzcan el riesgo de conflictos o denuncias posteriores.

Atención a cambios en locales de votación

Otro de los aspectos que vienen siendo supervisados es la reubicación de algunas mesas y centros de votación en diferentes regiones del país.

De acuerdo con la Defensoría, cerca de 161 mil electores se verán afectados por cambios de local, lo que implica la reubicación de 549 mesas de sufragio. Solo en Lima, más de 78 mil ciudadanos deberán verificar previamente dónde les corresponde votar.

Las autoridades señalaron que estas modificaciones responden a razones de seguridad y a situaciones excepcionales registradas en algunos centros educativos y universitarios que inicialmente iban a ser utilizados como locales de votación.

Un despliegue sin precedentes para proteger el voto

La segunda vuelta presidencial movilizará a miles de funcionarios, observadores y agentes del Estado en todo el territorio nacional. Con la presencia de más de 7,000 fiscales, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público buscan blindar el proceso electoral y garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en un ambiente de orden, seguridad y transparencia.

Las autoridades hicieron un llamado a la población para informarse por canales oficiales, respetar las normas electorales y participar responsablemente en una jornada que definirá el futuro político del país.