Más del 70 % de personas que son agredidas no denuncian por temor o porque no confían en los mecanismos de justicia, según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. El presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Javier Fernández, señala que esto se da porque el tema de violencia familiar es complicado, pues no solo trabaja un sector, sino varios en los que está la Policía, las cortes superiores de Justicia, Ministerio Público, de Salud y otros.
¿QUÉ SE HA HECHO? Fernández señala que si bien ellos dictan medidas de seguridad de forma casi inmediata, una vez que se pone la denuncia es el Ejecutivo el que debe plantear políticas públicas para que se actúe de acuerdo a ello, muy importante también es hacer el seguimiento cuando se alerta de casos de peligro, es ahí donde participa la Policía.
Una de las acciones más recientes tomadas por los juzgados especializados en casos de agresión, fue la implementación de un botón de pánico que ayuda a alertar a las víctimas cuando su agresor nuevamente las hostiga.
Este botón es instalado mediante un aplicativo especial por los juzgados, el cual enviará una señal que será vista en un sistema de alerta que es monitoreado. Tras ello se informa a la comisaría que está en la jurisdicción para que acuda al llamado de auxilio.
Una de las observaciones a este programa es que, por falta de personal, la atención al llamado se realiza hasta dos días después de que son alertados, pues no tienen personal, lo que no permite que la iniciativa sea muy eficaz.
Un problema detectado también en el ámbito policial se produce al momento de interponer denuncias. Por el machismo y poco despliegue para capacitar al personal de la Policía para atender estos casos, las víctimas no acuden a denunciar.
Como solución a ello, los juzgados especializados han firmado un convenio con la escuela de suboficiales de Charcani, donde acudirán a capacitar directamente a los estudiantes sobre temas de enfoque de género y violencia, de esta forma se evitará instruir personal por comisaría y empezar nuevamente una vez que se rota a los efectivos, señaló la jueza Patricia Larico Posadas del Juzgado Penal Colegiado de Cerro Colorado-Camaná, subespecializado en Delitos Asociados a la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familia.
Posadas explica que para atender mejor los casos de violencia se creó un módulo de sanción penal desde agosto del 2020 en Arequipa junto con 15 juzgados. Solo este año se logró 95 sentencias condenatorias por agresión y 10 cadenas perpetuas. En el caso de feminicidios se dieron 6 sentencias condenatorias, estos son delitos considerados complejos por lo que su deliberación demora más de un año para lograr sentencias. En el caso de tocamientos indebidos se logró sentencia al 60% de los procesos.
En este sentido, también el Ministerio Público realiza campañas de sensibilización en la vía pública con la intención de capacitar sobre derechos y números telefónicos para efectuar denuncias de agresión, incluso recogiendo testimonios y abriendo investigaciones.