Aunque pasó casi desapercibido, el Decreto Supremo n.° 073-2026-PCM introdujo un cambio clave en las reglas de neutralidad electoral. Hasta antes de esta modificación, solo se regulaba el comportamiento de los funcionarios durante las elecciones generales. Desde mayo, las mismas restricciones se extienden también a las elecciones municipales y regionales, cerrando un vacío normativo contra autoridades que vulneran la norma de neutralidad.

La principal novedad es que la obligación de mantener neutralidad ya no concluye con la elección presidencial y congresal. Ahora alcanza todo el calendario electoral hasta los comicios de gobernadores, alcaldes y regidores, obligando a funcionarios, directivos y servidores públicos de todas las entidades estatales, incluidas las empresas públicas, a abstenerse de cualquier acto que favorezca a candidatos u organizaciones políticas. 

Otro cambio importante es que el decreto incorpora expresamente la prohibición de utilizar recursos públicos para difundir propuestas de candidatos durante actividades oficiales o en espacios públicos. Esto comprende vehículos oficiales, personal de la entidad, locales, equipos, ceremonias institucionales, publicidad estatal y cualquier otro recurso financiado con dinero público. 

Quienes incumplan estas disposiciones no solo podrán ser investigados por el JNE conforme al Reglamento de Propaganda Electoral y Neutralidad, sino que además podrían afrontar procedimientos disciplinarios, sanciones del Código de Ética de la Función Pública, responsabilidades civiles por daños al Estado y hasta delitos penales.

EN LA MIRA. La ampliación de las reglas de neutralidad electoral se produce en un contexto en el que varias autoridades y actores políticos de Arequipa fueron cuestionados por su participación en actividades con aparente contenido proselitista. Entre los antecedentes con pronunciamiento electoral figura el alcalde de Cerro Colorado, Manuel Vera Paredes.

También figuran otras autoridades como: el alcalde de Alto Selva Alegre, Alfredo Benavente; el alcalde de Socabaya, Roberto Muñoz y en su momento el alcalde de Majes, Jenry Huisa también fueron objeto de cuestionamientos públicos por su participación en actividades políticas durante el proceso electoral, por lo que el nuevo decreto anticipa una mayor fiscalización sobre el uso del cargo y de los recursos públicos.