La minería ilegal y el avance de organizaciones criminales habrían cobrado más de un centenar de vidas en el Perú durante los últimos años, sin que exista un registro oficial consolidado de víctimas. Así lo advirtió la vicepresidenta del Consejo Nacional de Minería (Conademi), Nohelia Llerena Ccasani.
Alertó sobre la violencia, extorsiones e impunidad que afecta a los pequeños productores y mineros ancestrales. Solo en los conflictos registrados en Calpa (Arequipa), se reportarían más de 56 fallecidos. A ello se suman los hechos de violencia en Pataz (La Libertad) y otros sectores del Perú.
“No existe un informe oficial del Ministerio Público, el Ministerio del Interior o el Ministerio de Defensa que permita establecer la cifra nacional. Hay cosas que la población no sabe y solo la prensa puede entender si visita a las familias de los fallecidos y ver que todo queda ahí, sin más trámites”, señaló.
Llerena Ccasani también denunció que los mineros ancestrales están expuestos a extorsiones porque no cuentan con una legislación que reconozca su actividad de subsistencia. Explicó que solo tres distritos de Puno tienen autorización para comercializar mineral ancestral mediante un decreto supremo.
“Yo estuve en las reuniones donde la mayoría son mujeres empresarias mineras que hacen subsistir esta actividad, allí escucho testimonios que me sorprenden, hasta malos efectivos policiales exigirían pagos a cambio de permitirles trabajar. Esto pasa en el 80 % del territorio nacional”, acotó.
PROPUESTA. Estas advertencias fueron expuestas ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso, donde Conademi planteó cambios a la Ley MAPE y cuestionó una nueva ampliación del Reinfo sin resultados concretos. Reclamó que el Estado cumpla sus compromisos de formalización, ejecute el censo minero nacional.
Agregó que no se puede legislar sobre un grupo de ciudadanos a quienes no se conoce, esto al insistir en que la nueva ley debe facilitar la formalidad y no empujar a los pequeños productores hacia la ilegalidad.
