El titular del Juzgado Unipersonal Supraprovincial Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Edy Leva Cascamayta, instaló el juicio oral contra del exalcalde provincial de Arequipa, Alfredo Zegarra Tejada y cinco exfuncionarios ediles a quienes se les sigue un proceso por el delito de colusión con la empresa española GR Arquitectos al elaborar un Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) con serias irregularidades.
Según, el Ministerio Público, los servidores ediles y el exburgomaestre se habrían coludido con el responsable del consorcio GR Arquitectos para entregarle la buena pro del proyecto “Mejoramiento y desarrollo de capacidades institucionales para el ordenamiento territorial de la provincia de Arequipa”.
Están involucrados en la investigación fiscal: el exalcalde de Arequipa, Alfredo Zegarra y los exfuncionarios ediles, Ángel Manrique Chávez (subgerente de Asentamientos Humanos y presidente del comité especial Ad Hoc), Pedro Valdivia Salas (subgerente de Logística e integrante del comité especial Ad Hoc), Carlos Alberto Perea Barreda (miembro del comité especial Ad Hoc), Luis Begazo Burga (gerente de Asesoría Jurídica), Carlos Moya Castro (gerente de Desarrollo Urbano) y Raúl Gallegos Vergara (supervisor) son acusados de ser los autores del delito de colusión y en calidad de cómplice primario, fue acusado el ciudadano español, Juan Carlos García de los Reyes, representante del consorcio GR Arquitectos.
PDM Y TESIS FISCAL. La Fiscalía sostiene que durante el período de marzo del 2011 y agosto del 2013, los acusados intervinieron en la realización y ejecución del proyecto de inversión pública, “Mejoramiento y desarrollo de capacidades institucionales para el ordenamiento territorial en la provincia de Arequipa”; concertando anteladamente con el ciudadano español, Juan Carlos García de los Reyes, representante del consorcio GR Arquitectos para que ejecute el proyecto que contempla la elaboración del Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT) y el Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM); instrumentos que rigen el desarrollo sostenible de las ciudades.
La Fiscalía Anticorrupción está solicitando seis años de pena privativa de la libertad para los acusados y cinco años de inhabilitación para ejercer cargo público. En tanto, la Procuraduría pidió el pago de una reparación civil de 1 750 240 soles.
CONCLUSIÓN ANTICIPADA. Durante la primera audiencia, el acusado Ángel Manrique Chávez, se declaró autor de los hechos imputados por la fiscalía, acogiéndose a la figura de confesión sincera que le permitió, en el acto, definir su situación legal y ser sentenciado a 4 años de pena suspendida por 209 jornadas de trabajo y al pago de una reparación civil de 109 mil soles.
En este caso, la defensa apeló al delicado estado de salud del imputado.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
